Mientras la atención política se concentra en la conformación del nuevo gabinete, otra transición comienza a jugarse dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta vez no se trata de ministerios ni viceministerios, sino del futuro de uno de los instrumentos que el gobierno electo pretende convertir en pieza clave para cerrar la brecha de infraestructura: Obras por Impuestos.
El contexto es particularmente significativo. La administración de Keiko Fujimori iniciará su mandato con una cartera de más de cien proyectos de infraestructura y una apuesta decidida por acelerar las asociaciones público-privadas (APP), apoyándose en ProInversión, entidad que hoy dirige Luis del Carpio y que administra una cartera cercana a los US$ 30 000 millones para adjudicar entre 2026 y 2028.
Pero el éxito de esa estrategia no dependerá únicamente de ProInversión. También descansará sobre la capacidad del Estado para aprovechar mucho mejor Obras por Impuestos, un mecanismo que todavía está muy lejos de su verdadero potencial.
Entre enero y junio de este año, Obras por Impuestos alcanzó un récord histórico de S/ 5266 millones adjudicados, superando incluso el monto total registrado durante todo el 2025. Paralelamente, el Gobierno elevó la capacidad máxima del mecanismo hasta cerca de S/ 70 000 millones. En realidad, el sistema sigue utilizando apenas una pequeña fracción de la capacidad disponible.
La discusión, por tanto, ya no gira en torno a si el mecanismo funciona. La pregunta pasa a ser cómo convertirlo en una herramienta de ejecución masiva capaz de acompañar el ambicioso programa de infraestructura anunciado por el nuevo gobierno.
Es en ese escenario donde cobra importancia la continuidad de Denise Miralles al frente de la dirección responsable de Obras por Impuestos dentro del MEF. Miralles estuvo al frente de la PCM entre febrero y marzo con el gobierno de José Balcázar y previamente, desde octubre pasado, fue ministra de Economía y Finanzas de José Jerí. Hoy su papel en Obras por Impuestos coincide con el inicio de un proceso de transferencia que obligará a coordinar estrechamente con ProInversión y con el equipo encargado de implementar la nueva estrategia de inversión pública con participación privada.
La gestión de Miralles no ha estado exenta de controversias. El año pasado, una investigación periodística reveló que durante el gobierno de Dina Boluarte se adjudicaron proyectos de Obras por Impuestos por alrededor de S/ 2 198 millones a empresas que posteriormente fueron cuestionadas por su escasa capacidad operativa y financiera. El informe identificó compañías con reducida experiencia, limitado patrimonio e incluso estructuras empresariales que diversos especialistas calificaron como "empresas cascarón", reabriendo el debate sobre la solidez de los filtros aplicados antes de adjudicar los proyectos.
Aunque esos contratos cumplieron los procedimientos administrativos vigentes, el caso puso sobre la mesa una discusión más amplia: si el rápido crecimiento del mecanismo había sido acompañado por controles técnicos suficientemente robustos y por una adecuada evaluación de la capacidad de las empresas participantes.
Ese debate adquiere ahora una nueva dimensión. La administración entrante no solo busca incrementar el número de proyectos, sino utilizar Obras por Impuestos como un complemento estratégico de las APP para acelerar inversiones en regiones y gobiernos locales. Ello exigirá combinar rapidez en la ejecución con estándares de evaluación que otorguen confianza tanto a inversionistas como a entidades públicas.
En ese contexto, la coordinación entre ProInversión, bajo el liderazgo de Luis del Carpio, y la oficina responsable de Obras por Impuestos será uno de los aspectos más observados durante las primeras semanas de gobierno. La transición no consiste únicamente en cambiar autoridades, sino en determinar si la estructura que administró el mecanismo durante los últimos años es la más adecuada para acompañar una etapa en la que el Ejecutivo aspira a multiplicar la inversión privada en infraestructura.
Después de todo, la principal limitación de Obras por Impuestos ya no parece ser normativa ni presupuestal. Con una capacidad cercana a los S/ 70 000 millones, el verdadero desafío pasa por la gestión: transformar un mecanismo exitoso, pero todavía subutilizado, en uno de los principales motores de la infraestructura peruana.