La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público ha decidido abrir una investigación sobre dos fiscales que intentaron archivar un caso de presunta corrupción vinculado a exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la empresa Gilat Networks Perú S.A. Esta investigación se centra en las acciones del fiscal provincial penal Juan Carlos de la Cruz Tito y la fiscal adjunta provincial Kelly Wendy Cabezas Vilca, ambos pertenecientes al Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima.
El asunto tiene origen en una denuncia de corrupción que involucra a diversos exfuncionarios del MTC. En 2025, se supo que la Fiscalía ya estaba investigando a personas como Rosa Nakagawa (exviceministra de Comunicaciones), Nadia Villegas (exdirectora general de Concesiones en Comunicaciones) y otros, quienes supuestamente habrían concertado con la empresa Gilat para manipular una licitación pública.
Detalles de la investigación por corrupción
En el año 2025, el medio Correo reportó que la Fiscalía tenía una hipótesis clara: algunos exfuncionarios del MTC, junto con representantes de Gilat, podrían haber acordado ciertos términos en una licitación, lo que podría constituir el delito de colusión agravada. Esta acusación ha llevado a iniciar un minucioso proceso de investigación.
El 16 de junio de 2025, los fiscales presentaron un pedido de sobreseimiento, solicitando el archivo del caso al considerar que no había suficientes elementos de convicción para sustentar acusaciones por colusión. Este requerimiento de archivo aún no ha sido evaluado en audiencia por el Poder Judicial.
Reacciones y quejas sobre la actuación fiscal
Por su parte, Yvett Romero, representante de la empresa Gilat Networks afirmó que la compañía ha estado operando en Perú durante 28 años y que el caso ya había sido archivado por falta de pruebas. Se ha manifestado que todas las demandas y denuncias interpuestas en diversas instancias, incluso en el Tribunal Constitucional, han sido desestimadas.
Además, se ha presentado una queja formal contra los fiscales De la Cruz y Cabezas, argumentando que no valoraron adecuadamente la declaración de un testigo protegido ni otros elementos de prueba existentes. Como consecuencia, la ANC ha decidido investigar las conductas de estos fiscales en el ejercicio de sus funciones.
La investigación ahora está en manos de la fiscal Silvana Rejas Cevasco, quien lidera la Unidad de Investigación Preliminar de la ANC en Lima Centro. Este caso ha alcanzado notoriedad, sobre todo porque también involucra a la viceministra de Comunicaciones, Carla Sosa, que asistió recientemente al aniversario de Gilat, cuyo gerente general, Arieh Rohrstock, está bajo investigación por su supuesta colusión con los exfuncionarios del MTC y Proinversión.
Los proyectos en cuestión tienen un valor estimado de $150 millones durante la gestión de Vizcarra, lo que ha suscitado aún más debate y atención mediática entre las autoridades y la opinión pública.
Las implicaciones de este caso no solo afectan a los funcionarios involucrados, sino que también ponen en el centro de la discusión la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.