El Poder Ejecutivo observó la autógrafa de la ley que establece el saneamiento de los límites territoriales entre las regiones de Moquegua y Tacna, luego de la controversia generada por la inclusión de la zona de Quebrada Honda y el inicio de un paro regional indefinido en territorio moqueguano.
A través de un oficio enviado este 30 de junio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el mandatario José María Balcázar, junto con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, comunicó que el Ejecutivo considera conveniente observar la norma aprobada por el Parlamento.
Ley volverá al Congreso tras observación del Ejecutivo
Según información que difundió RPP, el Gobierno propone modificar la disposición complementaria final de la autógrafa para garantizar que las zonas comprendidas en la norma involucren únicamente a provincias y distritos del departamento de Tacna.
Con esta observación, la ley no será promulgada y deberá regresar a la Comisión de Descentralización del Congreso, donde será evaluada por el próximo Parlamento correspondiente al periodo 2026-2031.
Moquegua rechaza cambios por posible afectación a Quebrada Honda
La observación del Ejecutivo ocurre mientras la región Moquegua desarrolla un paro regional indefinido, convocado por organizaciones sociales, gremios y autoridades en rechazo al Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, aprobado por el Congreso el pasado 23 de junio.
Las autoridades moqueguanas sostienen que la iniciativa afecta la soberanía territorial de la región al incluir coordenadas que abarcarían Quebrada Honda, zona que consideran pertenece al distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto.
La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, afirmó que la norma contiene "vicios técnicos imperdonables" y advirtió que podría generar un conflicto entre Moquegua y Tacna.
Preocupación por el canon minero y los recursos naturales
Además del conflicto limítrofe, las autoridades de Moquegua expresan preocupación por el impacto que tendría la ley sobre el acceso a recursos estratégicos, como el agua y el canon minero que podría generarse con una eventual ampliación de las operaciones de Southern Perú en la zona de Quebrada Honda.
La observación del Ejecutivo representa un nuevo escenario para el conflicto territorial, aunque las medidas de protesta continúan mientras las autoridades regionales esperan que el próximo Congreso revise nuevamente la iniciativa.