Por: Eduardo Bruce
La candidata Keiko Fujimori obtuvo la victoria final gracias al voto de los peruanos residentes en el extranjero. Sin embargo, dentro del territorio nacional, Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, consiguió más votos. Esto revela algo mucho más inquietante: una mayoría de los peruanos que viven en el país expresó su respaldo a una propuesta de cambio radical. Esa realidad constituye una advertencia política que no deberíamos ignorar.
Dentro del territorio nacional, Keiko Fujimori triunfó en nueve regiones y Roberto Sánchez en dieciséis. A nivel nacional, Sánchez obtuvo 9 037 000 votos, mientras que Keiko alcanzó 8 995 000. La diferencia fue mínima: apenas 41 000 votos.
Sin embargo, si retiramos de la ecuación los resultados de Lima Metropolitana, el panorama cambia de manera drástica. Sánchez registra 6 993 000 votos frente a 5 269 000 de Keiko. La diferencia supera el 1 724 000 votos. Antes de que el lector descarte este análisis bajo el argumento —válido e irrefutable— de que el voto de los peruanos residentes en el extranjero vale exactamente lo mismo que el de quienes viven en el país, es necesario hacer una precisión. Lo que interesa aquí no es discutir la legitimidad del resultado, que debe respetarse plenamente, sino interpretar políticamente lo que este nos está diciendo.
Los peruanos que viven en el país, que padecen directamente las consecuencias de la gestión pública, que enfrentan diariamente las deficiencias del Estado, la corrupción, la inseguridad y la precariedad de los servicios, enviaron un mensaje inequívoco: desean un cambio profundo. Emitieron un voto de protesta contra el statu quo político. Un voto de insatisfacción frente a un modelo que sienten incapaz de resolver sus problemas más urgentes. El resultado refleja que millones de peruanos sienten que el crecimiento económico, las cifras macroeconómicas y los avances institucionales de las últimas décadas no han llegado a mejorar sustancialmente sus vidas. La conclusión es evidente: el próximo Gobierno no puede interpretar su victoria como un cheque en blanco.
Por el contrario, debería asumir que existe una profunda fractura política y social que amenaza con seguir ampliándose. Millones de ciudadanos se sienten excluidos, marginados o simplemente ignorados por el Estado. No basta con ofrecer más infraestructura o ampliar la cobertura de determinados servicios públicos. El problema es más profundo: se trata de inclusión, representación, dignidad y oportunidades.
Porque, cuando una mayoría fuera de la capital busca alternativas radicales para expresar su descontento, la democracia todavía funciona. Pero, cuando ese mensaje es ignorado una y otra vez, las consecuencias futuras pueden ser mucho más difíciles de contener. El desafío del próximo gobierno no consiste en abandonar la democracia liberal ni la economía de mercado, sino en hacer que sus beneficios lleguen efectivamente a quienes hoy se sienten excluidos. La respuesta al malestar ciudadano no puede ser la tentación de experimentar con modelos estatistas o fórmulas inspiradas en un comunismo que ha fracasado repetidamente allí donde se ha aplicado.
El país ya ha recibido la advertencia. Ignorarla sería repetir los errores que nos trajeron hasta aquí. La pregunta es si esta vez estaremos dispuestos a escucharla.