El Congreso de la República ha dado un paso significativo en la regulación de la justicia para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se aprobó en primera votación un texto sustitutorio que establece que estos agentes serán juzgados bajo los fueros correspondientes en casos de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Con 60 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones, el pleno legislativo autorizó una modificación del Código Penal Militar Policial y del Nuevo Código Procesal Penal. Esta medida ha generado debate, puesto que algunos advierten sobre el riesgo de que los agentes en cuestión evadan la justicia en delitos comunes.
¿En qué consiste este cambio legal para los policías y los militares?
La nueva norma afirma que no podrá haber juicios simultáneos en la jurisdicción ordinaria y la militar o policial para los mismos delitos. En estos casos, se priorizará el juzgamiento según la institución correspondiente, ya sean policías o militares de las Fuerzas Armadas. La inclusión de este texto busca garantizar que los delitos cometidos por efectivos en servicio. Mientras cumplen sus funciones, se diriman de manera interna, dentro de sus respectivos marcos legales.
La propuesta contó con respaldo casi unánime de bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. En contraste, los bloques opositores Perú Libre y el Bloque Democrático Popular, votaron en contra, planteando el temor de que esta modernización del marco legal permita procedimientos que favorezcan a los acusados.
Implicaciones de la aprobación
El artículo destacado de la norma subraya que cualquier militar o policía que colabore con grupos armados no autorizados o bandas criminales, utilizando su función oficial para cometer crímenes. Enfrentará penas severas que pueden incluir cadena perpetua. Esta cláusula pretende frenar cualquier intento de corrupción o abuso de poder dentro de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.
El proceso ha suscitado diversas reacciones tanto a favor como en contra. Quienes apoyan la reforma argumentan que es esencial para la operatividad y autonomía de las fuerzas del orden. Por otro lado, los críticos resaltan el potencial de impunidad en casos de abuso durante el desempeño de funciones. Lo que podría socavar la confianza del público en el sistema judicial.