La Cuenta General de la República 2025, publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reveló un hecho sin precedentes en las finanzas públicas peruanas. Por primera vez, el Estado reportó un patrimonio neto negativo de S/ 2,236 millones, una variación significativa respecto a los S/ 48,540 millones de superávit registrados durante el ejercicio fiscal 2024.
La diferencia representa una disminución de S/ 50,776 millones, equivalente a una caída de 104.6% en comparación con el año anterior. El resultado ha generado debate entre especialistas y autoridades debido a sus implicancias para la sostenibilidad fiscal y la planificación económica de los próximos años.
Sin embargo, expertos en contabilidad gubernamental señalan que esta cifra no implica que el Estado se encuentre en una situación de insolvencia. Más bien, responde a un cambio profundo en la forma de registrar las obligaciones financieras del sector público.
NICSP permiten transparentar obligaciones históricas
De acuerdo con Jesús Capcha Carbajal, socio principal de la consultora financiera Contacom, el resultado está directamente relacionado con la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), que buscan mejorar la transparencia y calidad de la información financiera estatal.
Según explicó, el Perú está migrando de una contabilidad basada principalmente en flujos de caja hacia un sistema de devengo, que obliga a reconocer compromisos y obligaciones que anteriormente no aparecían reflejados de manera integral en los estados financieros.
“El país está sincerando obligaciones históricas que durante años permanecieron fuera de los balances públicos. Se trata de una fotografía más realista de la situación financiera del Estado”, sostuvo el especialista.
Esta adecuación contable permite identificar con mayor precisión los activos, pasivos y compromisos futuros, alineando al Perú con estándares internacionales utilizados por numerosos países para fortalecer la gestión fiscal.
Obligaciones previsionales impulsan crecimiento de pasivos
Uno de los principales factores que explican el deterioro patrimonial es el reconocimiento de S/ 82,843 millones en obligaciones previsionales y laborales aprobadas por el Congreso en los últimos años.
Estas obligaciones incrementaron significativamente los pasivos del Estado y tuvieron un impacto directo en el resultado financiero del ejercicio 2025. Como consecuencia, se registró un déficit contable integral de S/ 41,798 millones.
La incorporación de estos compromisos refleja el costo futuro de decisiones legislativas que generan obligaciones permanentes para las finanzas públicas, especialmente en materia de pensiones y beneficios laborales.
Para los especialistas, el reconocimiento de estas deudas permite contar con una visión más completa de la situación financiera estatal y facilita la toma de decisiones de largo plazo.
Alertan sobre creciente rigidez del gasto público
Capcha también advirtió sobre los riesgos fiscales que enfrenta el país debido al aumento del gasto público rígido y la aprobación de normas con impacto presupuestal permanente.
Según indicó, durante los últimos años se aprobaron 248 leyes con efectos fiscales adversos, situación que podría dificultar el cumplimiento de las metas de consolidación fiscal previstas por el Gobierno.
La preocupación radica en que estas medidas reducen el espacio disponible para financiar proyectos de infraestructura, programas de desarrollo y nuevas inversiones estratégicas.
Además, podrían afectar el objetivo de alcanzar un déficit fiscal de 1% hacia el año 2028, una de las metas planteadas para fortalecer la estabilidad macroeconómica y mantener la confianza de los mercados.
Reformas para fortalecer la gestión financiera del Estado
Frente a este escenario, el especialista planteó la necesidad de impulsar reformas institucionales orientadas a mejorar la administración de las finanzas públicas.
Entre las propuestas destaca la creación de un Ministerio de Hacienda que asuma funciones especializadas en presupuesto, contabilidad gubernamental, deuda pública y tesorería, separando competencias actualmente concentradas en el MEF.
Asimismo, señaló que el Congreso debe aprobar las cuentas generales pendientes desde 2013, conforme a los mandatos establecidos en la Constitución.
Otra de las recomendaciones apunta a establecer mecanismos que limiten el crecimiento del gasto corriente rígido y permitan desarrollar nuevos esquemas de financiamiento para obras estratégicas.
Infraestructura y sostenibilidad fiscal en la agenda
El análisis también pone énfasis en la necesidad de proteger las inversiones públicas vinculadas a grandes proyectos de infraestructura como la Nueva Carretera Central, el megapuerto de Chancay y el nuevo aeropuerto internacional.
Según el especialista, resulta indispensable incorporar reportes de sostenibilidad y cambio climático que permitan cuantificar el impacto financiero de fenómenos climáticos sobre los S/ 686,446 millones en activos de infraestructura pública registrados por el Estado.
Estas herramientas permitirían anticipar riesgos, mejorar la planificación de inversiones y fortalecer la resiliencia de las finanzas públicas frente a eventos extremos.
En resumen
Aunque el patrimonio neto negativo registrado en la Cuenta General de la República 2025 marca un hecho histórico para las finanzas públicas peruanas, especialistas sostienen que no representa una señal de quiebra estatal. Por el contrario, refleja un proceso de mayor transparencia derivado de la aplicación de estándares internacionales de contabilidad. El reto para las nuevas autoridades será utilizar esta información para impulsar reformas, controlar los riesgos fiscales y garantizar la sostenibilidad financiera del país durante los próximos años.