La investigación por la muerte de cinco civiles en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, dio un nuevo paso luego de que el Ministerio Público solicitara 18 meses de prisión preventiva contra ocho integrantes del Ejército del Perú. El caso es investigado por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín.
Según informó la Fiscalía, los militares son investigados por los presuntos delitos de homicidio calificado en agravio de cinco personas y tentativa de homicidio calificado en perjuicio de tres sobrevivientes del operativo realizado el pasado 25 de abril.
¿Quiénes son los militares investigados?
El requerimiento fiscal alcanza a ocho miembros de la Compañía Especial de Comandos N.° 31 del Ejército del Perú. Entre ellos figura el capitán Luis Joel Montenegro Pardo, quien se encontraba al mando del grupo durante la intervención.
La lista de investigados también incluye a Brayan Antony Fernández Dett, Douglas Villacorta Saboya, Hedilberto Edis Marcos Guerra, Andy Jesús Sánchez Ríos, Jorge Luis Aguilar García, Américo Carlos Vásquez Rojas y Fernando Córdova Mariano.
El Ministerio Público considera que existen elementos suficientes para solicitar la prisión preventiva mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer lo ocurrido.
¿Qué ocurrió en Colcabamba?
Los hechos ocurrieron el 25 de abril durante una intervención militar en el distrito de Colcabamba. Como resultado del operativo murieron cinco personas y otras tres sobrevivieron.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Nilson Eduardo Montenegro Valencia, ciudadano colombiano que conducía el vehículo intervenido; Cristian Vilcatoma Aguila (18), Jaime Bendezú Paraguay (28), Wilder Romer Sevipaucar (32) y William Núñez Soto (20).
La investigación también comprende el caso de tres personas que sobrevivieron al operativo. Asimismo, que figuran como agraviadas por el presunto delito de tentativa de homicidio calificado.
Fiscalía cuestiona el uso de la fuerza durante el operativo
De acuerdo con la tesis fiscal, los efectivos militares habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante la intervención.
Inicialmente se informó que el operativo estaba vinculado a una acción contra el narcotráfico. Sin embargo, según la investigación fiscal, no se encontraron drogas ni evidencias concluyentes que acrediten actividades ilícitas relacionadas con estupefacientes.
Asimismo, las diligencias realizadas tampoco habrían permitido corroborar una presunta respuesta armada por parte de las víctimas. Aunque se hallaron cartuchos en la zona, no se encontró armamento que sustente la hipótesis de un enfrentamiento.
¿Qué armamento portaban los militares?
La documentación incorporada al caso señala que los integrantes del destacamento militar contaban con fusiles de asalto SCAR-L calibre 5.56x45 milímetros y un lanzagranadas FN Herstal acoplado.
También disponían de aproximadamente 1.600 cartuchos, una mira nocturna NIVISYS UTAM-32, radios tácticos de comunicación, un teléfono satelital IsatPhone 2, un dispositivo GPS Spot y granadas explosivas de 40 milímetros.
Estos elementos forman parte de la investigación que busca reconstruir las circunstancias en las que se produjo la intervención.
Poder Judicial decidirá situación de los investigados
La solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público deberá ser evaluada por el Poder Judicial, que determinará si corresponde imponer la medida cautelar contra los ocho militares mientras continúan las investigaciones.
La decisión judicial será clave para definir la situación procesal de los investigados y el avance de un caso que se encuentra bajo la competencia de la Fiscalía especializada en derechos humanos.