JNJ ratifica decisión contra José Domingo Pérez: fiscal queda fuera del Ministerio Público

El pleno de la Junta Nacional de Justicia declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por José Domingo Pérez y confirmó su no ratificación como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Con esta decisión, queda agotada la vía administrativa.

por Kate Juarez
José Domingo Pérez

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por José Domingo Pérez y confirmó su no ratificación como fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima. Con esta decisión, el magistrado queda fuera del Ministerio Público y se agota la vía administrativa.

La resolución fue aprobada por unanimidad durante la sesión del pleno de la JNJ. Votaron a favor de la ponencia los miembros Germán Serkovic, quien actuó como ponente, Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Gino Ríos, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y María Teresa Cabrera, presidenta de la institución.

JNJ rechazó los argumentos de José Domingo Pérez

Durante la evaluación del recurso, la Junta Nacional de Justicia desestimó los principales argumentos planteados por el fiscal.

Uno de ellos señalaba una presunta vulneración a su derecho de ser oído, debido a que el informe inicial de evaluación habría sido modificado posteriormente por otro con conclusiones desfavorables. Asimismo, cuestionó que no se le notificara la ponencia elaborada por María Teresa Cabrera, que proponía su no ratificación.

La JNJ concluyó que no existió afectación al debido proceso. Según el acuerdo, el reglamento que rige los procedimientos de ratificación es una norma preexistente y de conocimiento obligatorio para los magistrados sometidos a evaluación.

Además, precisó que Pérez Gómez presentó descargos escritos durante las distintas etapas del procedimiento y fue notificado respecto a los hechos evaluados. En los cuales incluyó aspectos relacionados con su situación patrimonial, su desempeño funcional y los procedimientos disciplinarios en trámite.

Respecto a la solicitud de notificación de la ponencia, la Junta sostuvo que este documento forma parte del proceso interno de deliberación del órgano colegiado. Sin embargo, no constituye un acto administrativo autónomo que deba ser comunicado previamente al evaluado.

Los criterios que sustentaron la no ratificación

En el análisis de fondo, la JNJ señaló que una alta calificación en el rubro de idoneidad no resulta suficiente para sustentar una ratificación.

Según la ponencia aprobada, el procedimiento evalúa de manera conjunta aspectos vinculados a la conducta y a la capacidad profesional del magistrado. Por lo que ambas dimensiones deben analizarse de forma complementaria.

Entre los elementos considerados por la Junta figuran las devoluciones al requerimiento acusatorio en el caso Cócteles. También, la nulidad de la acusación declarada por el Tribunal Constitucional y la posterior confirmación de la nulidad del juicio oral por parte de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional.

También fueron evaluadas investigaciones fiscales en trámite por presunto enriquecimiento ilícito y peculado de uso. Así como la medida cautelar de apartamiento preventivo dictada por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público en enero de 2026.

La JNJ también descartó que durante el proceso se hayan vulnerado los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los procedimientos de evaluación y ratificación de magistrados.

¿Qué opciones le quedan a José Domingo Pérez?

Con la decisión adoptada por el pleno de la Junta Nacional de Justicia, la vía administrativa queda agotada.

Sin embargo, José Domingo Pérez aún podría acudir al Poder Judicial mediante la presentación de una acción de amparo si busca revertir la decisión y cuestionar la resolución emitida por la JNJ.

Durante la audiencia en la que sustentó su recurso de reconsideración, el fiscal sostuvo que su no ratificación formaba parte de una persecución contra jueces y fiscales vinculados a investigaciones de corrupción. No obstante, dichos argumentos fueron rechazados por el pleno al momento de emitir su decisión final.

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