Hoy se define el futuro de Roberto Sánchez y su juicio. La Fiscalía solicita 5 años y 4 meses de prisión contra el candidato presidencial de Juntos por el Perú por presuntamente haber consignado información falsa sobre aportes y gastos de campaña ante la ONPE. Este jueves se reanuda la audiencia que definirá si el caso avanza a juicio oral.
La situación judicial del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez y su juicio, vuelve a colocarse en el centro de la campaña electoral. Este jueves 4 de junio, el Poder Judicial reanudará la audiencia de control de acusación para determinar si el proceso avanza a la etapa de juicio oral.
El Ministerio Público solicita una pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones partidarias. Según la tesis fiscal, Sánchez habría presentado información inexacta ante la ONPE. Especialmente respecto a los ingresos y gastos de campaña de su organización política entre 2018 y 2020.
Roberto Sánchez y su juicio por aportes irregulares de JP
La acusación fiscal sostiene que la agrupación habría reportado ante la ONPE que no recibió aportes económicos durante determinadas campañas electorales. Sin embargo, las investigaciones identificaron movimientos financieros que, según el Ministerio Público, no se consignaron en los informes oficiales.
Entre los principales hallazgos figura un presunto ingreso de más de S/ 204 mil que se depositó en cuentas vinculadas a dirigentes del partido. Asimismo, la Fiscalía cuestiona un aporte en especie valorizado en S/ 27.400 que habría sido declarado en los informes financieros de la organización política y cuya existencia es materia de controversia dentro del proceso.
Además de la pena privativa de libertad, el Ministerio Público ha solicitado la inhabilitación de Sánchez para ejercer cargos directivos dentro de la agrupación política.
La defensa busca frenar el avance del caso
La defensa del candidato sostiene que las imputaciones carecen de sustento y argumenta que la responsabilidad de elaborar y presentar los reportes financieros correspondía a otros funcionarios partidarios. Asimismo, recuerda que una investigación previa relacionada con presuntos actos de fraude en la administración de personas jurídicas se archivó en el pasado.
La audiencia originalmente prevista para el 27 de mayo se reprogramó para este 4 de junio, fecha en la que el juzgado deberá resolver pedidos planteados por la defensa y definir si la acusación fiscal cumple los requisitos para iniciar un juicio oral.
La decisión judicial llega a solo días de la segunda vuelta presidencial, convirtiendo el caso en uno de los principales frentes legales que enfrenta el candidato de Juntos por el Perú en la recta final de la campaña electoral.