El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó de manera definitiva la sanción administrativa impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contra el partido político Juntos por el Perú, organización vinculada al candidato presidencial Roberto Sánchez.
La máxima instancia electoral declaró infundado el recurso de apelación presentado por la agrupación política y ratificó que incurrió en una infracción muy grave al recibir aportes económicos de fuente prohibida durante la campaña electoral general de 2021.
Con esta decisión, el proceso administrativo quedó cerrado en la vía electoral.
Multa supera los S/176 mil
La resolución del JNE valida la imposición de una multa equivalente a 33 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), monto que asciende a S/176.550.
Además de la sanción económica, el fallo confirma una penalidad adicional que reducirá en 10% los recursos que Juntos por el Perú recibe por concepto de financiamiento público directo otorgado por el Estado.
La medida representa uno de los fallos más severos emitidos recientemente en materia de fiscalización del financiamiento partidario.
ONPE detectó aportes irregulares en auditoría
El origen del procedimiento se remonta a una auditoría técnica realizada por la gerencia de supervisión de fondos partidarios de la ONPE en noviembre de 2025.
El organismo electoral detectó 17 aportes financieros registrados en la contabilidad del partido por un monto total de S/17.000. Sin embargo, durante las verificaciones posteriores, las personas consignadas como aportantes negaron haber realizado dichas donaciones.
Tras las investigaciones, la ONPE concluyó que se trataba de operaciones simuladas y calificó los ingresos como fondos de procedencia desconocida o prohibida, lo que constituye una infracción grave a las normas de financiamiento político.
JNE valida conclusión de la ONPE
El pleno del JNE respaldó los hallazgos técnicos de la ONPE y consideró acreditada la existencia de aportes de fuente anónima, prohibidos por la legislación electoral peruana.
La resolución ratifica que la organización política incumplió las normas sobre transparencia y rendición de cuentas en campañas electorales, un aspecto que en los últimos años ha sido objeto de mayor fiscalización por parte de los organismos electorales.
El fallo también reafirma las facultades de la ONPE para supervisar el origen y manejo de los recursos utilizados por los partidos políticos durante procesos electorales.
Partido podrá acceder a descuento por pronto pago
Pese a la ratificación de la sanción, la resolución establece que Juntos por el Perú aún puede acogerse a mecanismos de reducción de la multa mediante el beneficio de pronto pago.
Según el documento, la agrupación podrá acceder a una rebaja del 25% del monto total si cancela la deuda dentro del plazo establecido y renuncia a presentar nuevas acciones legales contra la decisión administrativa.
Esta posibilidad está contemplada en el artículo 41 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador aplicable a organizaciones políticas.
También podrá solicitar fraccionamiento de la deuda
La ONPE informó además que el partido tiene la posibilidad de solicitar el fraccionamiento del pago de la multa, en caso de no contar con liquidez inmediata para asumir el desembolso total.
La medida forma parte de los mecanismos administrativos vigentes para el cobro de sanciones económicas aplicadas a partidos políticos por infracciones relacionadas con financiamiento electoral.
Financiamiento político vuelve al centro del debate
La ratificación de la sanción reabre el debate sobre el control y fiscalización del financiamiento partidario en el Perú, especialmente en contextos electorales donde las autoridades buscan reforzar los mecanismos de transparencia.
En los últimos años, la ONPE y el JNE han incrementado las auditorías y supervisiones sobre ingresos, gastos y aportes de campaña, en medio de cuestionamientos recurrentes sobre el origen de fondos utilizados por organizaciones políticas.
La decisión contra Juntos por el Perú se suma así a una serie de procesos sancionadores que buscan fortalecer el control electoral y reducir los riesgos de financiamiento irregular en la política peruana.