Roberto Sánchez Palomino, candidato presidencial por Juntos por el Perú (JP), está envuelto en un nuevo caso judicial impulsado por una Fiscalía de Lima que buscara llevarlo a prisión por más de un lustro. Según el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, este proceso podría causarle problemas al político de izquierda en su intención de participar de la segunda vuelta electoral junto contra Keiko Fujimori.
Sin embargo, el magistrado afirmó que, mientras la investigación siga su curso natural y no se concrete una condena, el abanderado de Pedro Castillo podrá seguir en la contienda sin mayores inconvenientes.
Roberto Sánchez y la presunción de inocencia
Este martes 12 de mayo, Aladino Gálvez, por medio de una conferencia de prensa, afirmó que la investigación contra Sánchez por presunto falseamiento de información sobre aportaciones ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y falsa declaración administrativa "sigue su curso natural" y que, mientras no se emita una condena, podrá seguir participando de la contienda electoral.
"El proceso en trámite está siempre beneficiado por la presunción de inocencia. Él hace su vida normal, sigue como candidato y sigue con su actividad política sin ningún problema", afirmó.
Sin embargo, si el resultado fuera contrario, podría ser inhabilitado y, en el caso de ganar las elecciones, impedido de jurar como el próximo mandatario del Perú. Por otro lado, también indica que, si aún no se llega a un veredicto al momento de asumir la banda presidencial, la investigación deberá frenarse hasta que abandone la Casa de Pizarro.
Fiscalía presenta pedido de prisión contra Roberto Sánchez
El fiscal Humberto Ruiz, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima - Rímac - Breña - Jesús María, por medio de un escrito difundido por medios locales, solicitó cinco años y cuatro meses de prisión contra Sánchez por presuntamente desviar fondos del partido que hoy preside en 2020 y 2021.
La misiva también incluye un pedido de inhabilitación política para dejar de ejercer la Presidencia de Juntos por el Perú y otros cargos, el cual se deberá concretar el próximo 27 de mayo, cuando sea formalizada ante una audiencia y admitida por el juez de turno para entrar a juicio.
Abogado de Sánchez apunta contra el Ministerio Público
Según señala la Fiscalía, Sánchez y su hermano William habrían recibido una serie de aportes y tasas por parte de los afiliados que sumaron un aproximado de S/28.000, los cuales no habrían sido declarados debidamente. Tras esta tesis, Carlos García Asenjo, defensa del candidato de izquierda, cuestionó al Ministerio Público cómo su defendido habría utilizado ese monto para beneficio personal.
Asimismo, indicó que su defendido carecía de cualquier tipo de responsabilidad relacionada con el caso, pues este no fue el encargado de la elaboración de las declaraciones financieras de JP.