La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha sancionado a Fuerza Popular con una multa de 36 UIT, equivalente a 198 mil soles, tras comprobar que el partido utilizó financiamiento público para fines no permitidos por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP). La resolución de la ONPE se basa en una serie de irregularidades que implican el uso indebido de recursos destinados a la política.
Entre las irregularidades confirmadas se destacan gastos que Fuerza Popular intentó justificar como capacitaciones, pero que en realidad eran viajes y actividades ajenas a la formación política.
¿Qué infracción cometió Fuerza Popular?
La ONPE determinó que Fuerza Popular incurrió en una infracción grave al destinar financiamiento público a actividades no permitidas. La resolución señala que se usaron recursos del estado para:
- Gastos por 27,927 soles en un viaje académico a California, que fue clasificado incorrectamente como capacitación.
- Una actividad denominada "The Leader's Fellowship", con un costo de 15,072 soles, que incluyó visitas a viñedos y sesiones reflexivas, en lugar de formación política efectiva.
- El pago de 100,000 soles por una maestría en gestión pública, cuyo beneficio se materializará en un futuro cuando el partido ya no reciba financiamiento estatal.
- Intereses moratorios de 37.92 soles, relacionados con retrasos en pagos a proveedores.
La ONPE consideró que el uso de estos recursos fue incompatible con el fortalecimiento del partido y las necesidades operativas básicas. La falta de justificación clara para estos gastos destaca una situación de mal manejo financiero dentro de la agrupación.
Reacciones y solicitudes de cambio en la ONPE
A raíz de la sanción, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, ha solicitado la destitución del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. Según Fujimori, su partido enfrenta una desconfianza creciente por parte de los sectores que colaboraron con el exjefe del organismo, quien fue criticado por sus decisiones en procesos anteriores.
Fujimori ha expresado su deseo de que se realicen cambios en la ONPE antes de la segunda vuelta presidencial programada para junio, argumentando que la actual gestión carece de credibilidad y que es crucial para el futuro del partido y sus actividades electorales.
Impacto del dictamen en Fuerza Popular
Además de la multa, el dictamen impone a Fuerza Popular la pérdida del 50% del financiamiento público directo que aún debería recibir durante el actual quinquenio parlamentario. Esto supone un duro golpe para las finanzas del partido, que ahora deberá reestructurar sus planes y estrategias económicas.
Con esta sanción, la ONPE refuerza su autoridad en la fiscalización del uso de recursos públicos y pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión de los fondos destinados a las organizaciones políticas. El caso de Fuerza Popular pone en la mira cómo los partidos deben manejar sus recursos para garantizar que coincidan con las normas establecidas por la ley.