El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado la vacancia del alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, tras identificar irregularidades en el uso de fondos públicos. Esta decisión se basa en la contratación de un locador para el cuidado de su mascota, generando controversia y conflicto de intereses.
La solicitud de vacancia fue presentada por Claudia Sara Orihuela Larico. En su denuncia, afirmó que Rivera favoreció a Herbert Hernán Jaime Arenas, quien había sido contratado inicialmente para labores de seguridad y vigilancia. Sin embargo, fue reasignado al cuidado personal de su mascota “Flechita”. Esto violó las normativas establecidas por la Ley Orgánica de Municipalidades.
Resolución del JNE y evidencias presentadas
La resolución del JNE, identificada como Resolución N.º 0805-2026-JNE, revocó una decisión anterior del Concejo Municipal que había declarado improcedente la solicitud. El tribunal encontró evidencias suficientes, incluyendo fotografías y videos que mostraron a Arenas paseando a la mascota en horario laboral dentro del recinto municipal.
En una entrevista, Rivera admitió que en ocasiones su locador había sacado a su mascota, aunque lo describió como situaciones "eventuales". Sin embargo, el JNE concluyó que estos actos configuraron tres elementos claves para validar la vacancia. Los contratos realizados con Arenas, el interés personal del alcalde y el conflicto de intereses evidenciado al usar recursos del municipio para fines personales.
¿Qué sigue después de la vacancia del alcalde de Arequipa?
Como resultado de esta decisión, el JNE ha convocado a Ruccy Oscco Polar, primera regidora del grupo Juntos por el Desarrollo de Arequipa. Ella asumirá el cargo de alcaldesa y completará el periodo de gobierno municipal que se extiende hasta 2026.
Además, el JNE ha decidido convocar a Jherson Jhulian Chipana Apaza, quien ocupará el cargo de regidor del Concejo Provincial. Esta situación marca un giro significativo en la política local y pone de manifiesto la necesidad de una gestión transparente en el uso de recursos públicos.
Después de más de dos años de procesos judiciales, que incluyeron dos pronunciamientos previos del JNE que anularon decisiones anteriores del Concejo Provincial, se llegó finalmente a esta resolución. Las acciones y la falta de cumplimiento de los términos de referencia del contrato por parte del locador también fueron cruciales para justificar la decisión del JNE.