El proyecto de la Nueva Carretera Central dio un paso clave en el Congreso tras la aprobación de un dictamen que establece medidas excepcionales para garantizar su continuidad y ejecución. La iniciativa busca destrabar uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, considerado estratégico para la integración territorial.
La Comisión de Transportes y Comunicaciones, presidida por el congresista Juan Mori, aprobó la propuesta que reúne los proyectos de ley 14089 y 14141. Con ello, se plantea asegurar que la Nueva Carretera Central avance de manera progresiva, sostenida y bajo estándares de eficiencia, en un contexto donde múltiples obras públicas enfrentan retrasos.
El dictamen establece que la ejecución se realizará respetando los marcos del sistema de inversión pública, presupuesto y reglas fiscales, lo que apunta a evitar problemas de gestión que han afectado históricamente a grandes proyectos de infraestructura.
Nueva Carretera Central: prioridad estratégica del Estado
La Nueva Carretera Central es considerada una obra clave para mejorar la conectividad entre Lima y el centro del país. Su desarrollo permitiría reducir tiempos de traslado, descongestionar la actual vía y fortalecer el comercio interno.
El Congreso ha puesto énfasis en que esta obra no solo tiene impacto en transporte, sino también en el crecimiento económico. ¿Puede esta carretera convertirse en un motor de desarrollo para las regiones? Esa es la apuesta detrás de la iniciativa.
El dictamen también señala que el proyecto se ejecutará bajo titularidad pública, dejando en manos del Poder Ejecutivo la definición del modelo de ejecución.
Modalidades de ejecución: entre obra pública y acuerdos G2G
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la flexibilidad en los mecanismos de ejecución de la Nueva Carretera Central. Se contempla tanto la ejecución directa como los contratos de gobierno a gobierno (G2G), una modalidad que ha sido utilizada en otros proyectos para acelerar procesos.
Además, se prevé el uso de esquemas de gerenciamiento integral y oficinas de gestión de proyectos, así como asistencia técnica especializada. Estas herramientas buscan evitar sobrecostos, retrasos y problemas de planificación.
La pregunta que surge es si estas medidas serán suficientes para garantizar una ejecución eficiente, considerando los antecedentes de obras públicas en el país.
Otros proyectos aprobados en la Comisión
Durante la sesión, la Comisión de Transportes también aprobó iniciativas vinculadas a la conectividad aérea y la inclusión en el transporte público. Entre ellas, destaca la propuesta para declarar de interés nacional el servicio de transporte aéreo en zonas aisladas, donde no existe oferta privada.
Asimismo, se plantea promover rutas aéreas interregionales directas, con el objetivo de mejorar la integración territorial y dinamizar las economías locales.
En materia de inclusión, se aprobó un proyecto que obliga a las empresas de transporte público a contar con unidades accesibles para personas con discapacidad y adultos mayores. Esto incluye espacios adaptados para usuarios con Trastorno del Espectro Autista.
Reordenamiento ferroviario y proyectos archivados
Otro dictamen relevante fue el que declara de interés nacional la reubicación de un tramo del Ferrocarril del Sur en Arequipa, con el fin de mejorar la seguridad y reducir impactos urbanos.
En paralelo, la Comisión decidió archivar varias iniciativas, entre ellas la propuesta para crear la Empresa Nacional Ferrocarriles del Sur del Perú y un proyecto relacionado con la regulación del servicio de taxi.
Estas decisiones reflejan una agenda legislativa que busca priorizar proyectos considerados estratégicos, dejando de lado propuestas que no lograron consenso.
Desafíos para la ejecución
Aunque el avance legislativo representa un paso importante, el principal reto será la ejecución efectiva de la Nueva Carretera Central. Históricamente, los grandes proyectos de infraestructura en el Perú han enfrentado obstáculos como burocracia, conflictos sociales y problemas de financiamiento.
El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Estado para coordinar entre entidades, garantizar transparencia y mantener la sostenibilidad fiscal.
¿Se logrará evitar los errores del pasado? La respuesta marcará el futuro de una obra que podría transformar la conectividad del país.