Los menores de edad captados por el crimen organizado se han convertido en uno de los rostros más preocupantes de la inseguridad en el Perú. El Congreso anunció que impulsará un proyecto de ley para atender este fenómeno, en medio de un escenario donde el Estado carece de herramientas eficaces para responder ante el uso de adolescentes en delitos graves.
El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, informó que la iniciativa se trabajará en coordinación con la Municipalidad Provincial del Callao, una de las zonas más golpeadas por la criminalidad. El objetivo, según explicó, será establecer mecanismos de intervención y reinserción para adolescentes que han sido incorporados por organizaciones delictivas.
Detrás del anuncio, sin embargo, se esconde una realidad más compleja: el crecimiento sostenido de redes criminales que reclutan a menores como parte de su estructura operativa, aprovechando vacíos legales y la limitada capacidad de respuesta del sistema.
Menores de edad captados por el crimen organizado: un problema en expansión
El avance de los menores de edad captados por el crimen organizado no es un hecho aislado, sino una tendencia que viene consolidándose en los últimos años. Según autoridades locales, adolescentes de entre 12 y 14 años están siendo utilizados para cometer delitos que van desde el robo hasta el sicariato.
La elección de menores no es casual. Las organizaciones criminales encuentran en ellos una forma de reducir riesgos penales, ya que el sistema actual no contempla sanciones equiparables a las de los adultos. Este vacío ha generado un terreno fértil para la expansión de estas prácticas.
¿Estamos frente a una nueva generación captada por el crimen? La pregunta empieza a instalarse en el debate público.
Vacío legal tras fallo del Tribunal Constitucional
Uno de los puntos críticos señalados por el titular del Congreso es la falta de herramientas legales para enfrentar este fenómeno. Una norma que buscaba reducir la edad de imputabilidad fue previamente anulada por el Tribunal Constitucional, dejando al Estado sin una respuesta clara frente a estos casos.
Este vacío ha generado situaciones en las que menores involucrados en delitos graves quedan en libertad o sin un seguimiento adecuado. En la práctica, esto debilita la capacidad del sistema para intervenir de manera oportuna.
La propuesta legislativa apunta a llenar ese espacio, estableciendo mecanismos que permitan una intervención más efectiva sin dejar de lado el enfoque de reinserción.
Propuesta del Congreso: entre control y reinserción
La iniciativa anunciada por el Congreso busca abordar el problema de los menores de edad captados por el crimen organizado desde una perspectiva integral. Esto implica no solo sancionar, sino también generar espacios de atención, rehabilitación y reintegración social.
Rospigliosi señaló que el proyecto buscará que el Estado asuma un rol más activo, creando programas y centros donde los adolescentes puedan recibir apoyo y evitar reincidir en actividades delictivas.
Sin embargo, el desafío será diseñar una política pública que logre equilibrar el control del delito con la protección de los derechos de los menores. ¿Es posible lograr ese equilibrio en un contexto de creciente criminalidad?
El rol de los gobiernos locales
El alcalde del Callao, César Pérez Barriga, advirtió que la situación en su jurisdicción es crítica. Según indicó, el reclutamiento de menores por parte de mafias ya no es un fenómeno marginal, sino una práctica extendida.
La participación de los gobiernos locales será clave en la implementación de cualquier medida. Son estos los que enfrentan directamente el impacto de la inseguridad y pueden identificar las zonas más vulnerables.
No obstante, también surge una interrogante: ¿cuentan las municipalidades con los recursos necesarios para asumir este rol?
Un problema estructural sin solución inmediata
El caso de los menores de edad captados por el crimen organizado pone en evidencia fallas estructurales que van más allá del ámbito legal. Factores como la pobreza, la deserción escolar y la falta de oportunidades crean condiciones propicias para el reclutamiento de adolescentes.
En este contexto, cualquier iniciativa legislativa deberá ir acompañada de políticas sociales que aborden las causas de fondo. De lo contrario, el problema podría continuar reproduciéndose.
La propuesta del Congreso marca un punto de partida, pero también abre un debate más amplio sobre el rol del Estado frente a una problemática que combina criminalidad, exclusión y abandono.