Conversaciones filtradas de WhatsApp han puesto al descubierto supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Gálaga por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estos mensajes, que ya están bajo la investigación de la Fiscalía, revelan nuevos detalles sobre cómo se favoreció a Gálaga en procesos de contratación de millonarios contratos para el transporte electoral.
Según el programa “Cuarto Poder”, el análisis de las comunicaciones muestra una serie de coordinaciones internas entre funcionarios de la ONPE. La fiscalía ahora investiga si estas acciones constituyen un perjuicio hacia otros postores que no fueron favorecidos, como la empresa AFE, que presentó una oferta económica más baja.
Irregularidades en la adjudicación de contratos
Los chats revelan que Gálaga fue adjudicada con un contrato de más de S/ 2.2 millones, a pesar de que AFE ofreció un monto de S/ 1.799.964,28. En uno de los mensajes, un funcionario comentó que la propuesta técnica había inclinado la balanza hacia Gálaga. Lo que llevó a Juan Phang, ex subgerente de Producción Electoral de la ONPE, a felicitar la decisión. “Bien gordito. Que notifiquen hoy. Buen trabajo”, expresó Phang en febrero de 2025.
La investigación no solo cuestiona la adjudicación en sí misma, sino también la posible existencia de una estructura organizada dentro de la ONPE destinada a favorecer a esta empresa. Hasta ahora, las comunicaciones analizadas sugieren que hubo intercambios directos entre funcionarios sin seguir los canales institucionales formales.
ONPE y sus criterios de evaluación
Uno de los focos de la investigación se centra en la Subgerencia de Producción Electoral. Desde este departamento no solo se impulsó la necesidad del servicio, sino que se diseñaron las bases y se establecieron criterios de evaluación que llevaron a la contratación de Gálaga.
La Fiscalía también examina nuevos lineamientos de contratación aprobados en 2026, que podrían haber otorgado mayores poderes de decisión a otros funcionarios. Esto les habría permitido intervenir directamente en procesos de gran relevancia. Además, se ha identificado un segundo proceso de contratación que superó los S/ 6.3 millones, para el transporte electoral nacional.
Los chats en este caso muestran intercambios sobre términos de referencia y datos técnicos, lo que podría evidenciar un direccionamiento hacia un proveedor específico. Las irregularidades parecen haber continuado durante la ejecución del contrato. Se ha informado que Gálaga no cumplió con la entrega de la información clave relacionada con vehículos y conductores.
Fallas en la logística electoral
La situación se agrava porque la ONPE no tenía claridad sobre el número real de unidades necesarias para el transporte electoral. A pesar de que inicialmente se había contemplado un total de 400 vehículos, a días de las elecciones se incrementó a 434 rutas, sin que este cambio quedara adecuadamente reflejado en el contrato.
Los correos internos indican que Gálaga solo puso a disposición 12 vehículos, lo que dejó a muchas rutas sin cobertura. Para salvar esta insuficiencia, se exploraron contrataciones de emergencia con otros proveedores, en un contexto operativo apremiante.
Además, la falta de personal también ha sido un problema importante. De los 100 trabajadores que la ONPE había programado para el despacho del material electoral, solo se contrataron a 54, lo que impactó negativamente en la capacidad de respuesta logística.