El Congreso de la República acordó interpelar al ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno. Esta medida responde a los cuestionamientos sobre el operativo militar del 25 de abril de 2026 en Colcabamba, Huancavelica, donde fallecieron cinco ciudadanos jóvenes y otros dos resultaron heridos.
El Pleno busca que el titular del sector rinda cuentas sobre el uso presuntamente desproporcionado de la fuerza. Esto debido a que información periodística y testimonios en la zona contradicen la versión oficial de un enfrentamiento armado con elementos vinculados al narcoterrorismo.
¿Por qué se le cita al ministro de Defensa?
Aunque la versión oficial inicial del Comando Operacional del Este y un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (27 de abril) señalaron que el hecho fue un enfrentamiento armado donde se actuó en legítima defensa, diversas inconsistencias han motivado la acción del Congreso:
- Ausencia de ilícitos: Se ha reportado que no se encontraron armas ni sustancias ilícitas en el vehículo intervenido.
- Uso de la fuerza: Existen dudas sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza, dado que las víctimas eran ciudadanos jóvenes y no se registró personal militar afectado.
- Presunta coacción: El sobreviviente Ricardo Jampier Acuña Quispe denunció que su declaración inicial, que lo vinculaba a actividades ilícitas, fue obtenida bajo amenaza.
- Investigación fiscal: El Ministerio Público inició una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio calificado contra ocho integrantes del Ejército y tres civiles.
¿Qué se le exige al ministro?
El Congreso busca que el ministro detalle sobre la planificación del operativo y la calidad de la información de inteligencia que respaldó la intervención.
Asimismo, se le exige informar sobre las órdenes impartidas, los criterios de necesidad y proporcionalidad aplicados, y la cadena de mando durante el operativo.
En la línea de los derechos humanos que se pudieron haber visto vulnerados, el ministro deberá explicar las acciones adoptadas para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y la transparencia tras los hechos.
No obstante, también detallará las medidas administrativas, operativas y de coordinación con el Ministerio Público para el esclarecimiento de responsabilidades.
La moción de interpelación fue suscrita por diversos congresistas como Jaime Quito, Wilson Soto y Susel Paredes. Esta exige la concurrencia obligatoria del ministro para responder el pliego interpelatorio adjunto.