La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso del Perú aprobó archivar dos denuncias constitucionales presentadas contra la expresidenta Dina Boluarte, así como contra exintegrantes de su gabinete. La decisión se adoptó en sesión virtual con nueve votos a favor y tres en contra.
Dina Boluarte: ¿qué denuncias fueron archivadas?
Una de las denuncias (N.° 516), presentada por el congresista Juan Burgos, también incluía al expremier Gustavo Adrianzén. En este caso, se les atribuía una presunta infracción a artículos de la Constitución relacionados con el ejercicio de la función pública y el respeto al marco constitucional, específicamente en materia de derechos laborales del sector público.
La segunda denuncia (N.° 657), impulsada por el legislador Edwin Martínez, alcanzaba además a los exministros Raúl Pérez-Reyes y César Sandoval. En este caso, se evaluaban presuntas infracciones constitucionales y posibles delitos como colusión y negociación incompatible, vinculados a decisiones adoptadas en el sector Transportes.
Tras la revisión de los informes de calificación, la subcomisión concluyó que las denuncias no cumplían con los requisitos para continuar su trámite. Por lo tanto, fueron declaradas improcedentes y enviadas al archivo.
¿Qué otros expedientes se evaluaron?
Durante la misma sesión, la subcomisión también resolvió archivar otras denuncias constitucionales. Entre ellas se encuentran los procesos contra el fiscal supremo Juan Carlos Villena, una denuncia presentada por el expresidente Pedro Castillo contra un grupo de congresistas.
Estas decisiones forman parte de un conjunto de informes de calificación que buscan determinar si las denuncias cumplen con los criterios legales y reglamentarios para avanzar a una etapa de investigación en el Congreso.
Antecedentes en la subcomisión
El archivo de denuncias constitucionales es una de las atribuciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La cual es la encargada de evaluar la procedencia de este tipo de procesos contra altos funcionarios.
En casos anteriores, este grupo de trabajo también ha resuelto archivar denuncias contra la exmandataria, tras considerar que no existían elementos suficientes para sustentar una investigación en sede parlamentaria.
Con el archivo de estos expedientes, las denuncias quedan concluidas en esta instancia del Congreso. Para que un caso avance, se requiere que la subcomisión declare su procedencia y continúe el proceso hacia la Comisión Permanente y, eventualmente, el Pleno.