El Poder Judicial del Perú aprobó la creación de un nuevo sistema que permitirá a jueces y juezas penales acceder de forma rápida a información sobre personas investigadas en todo el país. Se trata del Servicio de Consulta Nacional de Antecedentes Penales (SCNAP), una herramienta que busca mejorar la toma de decisiones en procesos judiciales.
La medida fue adoptada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presidido por la jueza suprema Janet Tello Gilardi, como parte de la modernización del sistema de justicia.
Información clave para decisiones judiciales
El nuevo servicio permitirá conocer si una persona tiene otros procesos en distintas regiones del país. Esta información será útil en momentos clave, como cuando se evalúa una prisión preventiva o se decide aplicar medidas restrictivas.
También ayudará en casos donde se necesita acumular procesos o entender mejor la situación legal de un investigado.
Sistema integrado a nivel nacional
El SCNAP funcionará con datos del Sistema Judicial Integrado, lo que permitirá acceder a información actualizada y confiable en todo el país.
El Poder Judicial aclaró que estos datos serán solo de uso administrativo. Es decir, servirán como apoyo informativo, pero no podrán usarse para influir directamente en las decisiones judiciales dentro del proceso penal.
Primera etapa para jueces penales
En una primera fase, el sistema estará disponible para todos los jueces penales del país. Más adelante, podría ampliarse a otras áreas del sistema judicial, dependiendo de su impacto y necesidad.
Parte de la modernización del Estado
Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización del sistema de justicia, que busca hacer más eficientes los servicios públicos y reducir tiempos en los procesos.
El sistema será administrado por la Gerencia General del Poder Judicial, a través de su área de servicios judiciales.
Mejores decisiones, mayor eficiencia
Con esta herramienta, el Poder Judicial apunta a decisiones más informadas y procesos más ágiles. El acceso rápido a antecedentes permitirá reducir errores, mejorar la coordinación entre juzgados y fortalecer la respuesta del sistema ante casos complejos.
En un contexto donde se exige mayor eficiencia, este tipo de herramientas marca un avance hacia una justicia más moderna y conectada.