El candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, cuestionó duramente el proceso electoral tras los problemas logísticos registrados el pasado 12 de abril y afirmó que existe una interferencia deliberada que habría afectado el derecho al voto de miles de ciudadanos.
Durante una conferencia de prensa, el también exalcalde de Lima sostuvo que lo ocurrido no sería un hecho aislado, sino parte de una estrategia que, según dijo, atentaría contra uno de los pilares de la democracia.
“Hay una injerencia clarísima”
López Aliaga fue enfático al señalar que las irregularidades en la jornada electoral responden a una intervención con fines específicos.
“Hay una injerencia clarísima, una estrategia que ya tiene un nombre”, declaró. Además, comparó la situación con prácticas utilizadas en otros países, señalando que se trataría de un mecanismo para desgastar a la ciudadanía.
El candidato afirmó que este escenario habría impedido que un número significativo de peruanos ejerciera su derecho al voto.
“Un acto criminal contra el derecho a votar”
En otro momento, López Aliaga elevó el tono de sus declaraciones al calificar los hechos como un atentado directo contra la democracia.
“No me interesa mucho, sino que hay un sabotaje. Hay un acto criminal en contra de lo más sagrado de una democracia, que es el voto, el derecho a votar”, manifestó.
Asimismo, indicó que "alrededor de 1.5 millones de ciudadanos no pudieron sufragar debido a los problemas en la distribución del material electoral."
En su intervención, López Aliaga fue más allá y acusó directamente al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, de liderar lo que calificó como una estructura irregular. “Esto es una mafia dirigida por Corvetto”, declaró, al cuestionar la gestión del organismo electoral durante la jornada.
Cuestionamientos de Rafael López Aliaga
El candidato también dirigió sus críticas hacia funcionarios vinculados al sistema electoral, a quienes responsabilizó por lo ocurrido durante la jornada.
Según señaló, el incumplimiento de los plazos para la entrega del material electoral habría vulnerado la cadena de custodia que debe garantizar la transparencia del proceso.
En esa línea, insistió en que lo sucedido no tiene precedentes recientes y que debe ser investigado a fondo para determinar responsabilidades.