¿Cuáles son las principales medidas que está implementando el Estado peruano para reactivar e impulsar la inversión minera en un contexto de trabas regulatorias y conflictos sociales?

DESDE el Ministerio de Energía y Minas tenemos el compromiso de promover una minería responsable y competitiva, así como de atraer inversiones que contribuyan a dinamizar la economía nacional, generar empleo formal, fortalecer encadenamientos productivos y promover el desarrollo sostenible. En el frente regulatorio, estamos impulsando una agenda de simplificación y mejora de la gestión pública, orientada a brindar mayor predictibilidad y eficiencia en los procesos. Esto implica avanzar en la estandarización de criterios técnicos, la digitalización de procedimientos y una mejor articulación interinstitucional, de modo que los inversionistas tengan claridad sobre los plazos y requisitos, sin que ello signifique reducir nuestros estándares ambientales y sociales.

El Perú cuenta con una importante cartera de proyectos mineros valorizada en miles de millones de dólares. ¿Qué acciones concretas se están tomando para destrabarlos y garantizar seguridad jurídica a los inversionistas?

El Perú posee un enorme potencial minero, la actual Cartera de Inversión Minera contempla una inversión que asciende a más de 53 000 millones de dólares, distribuida en 65 proyectos priorizados a nivel nacional, lo que refleja el rol estratégico del sector minero en la economía nacional y su potencial para dinamizar el desarrollo regional. En ese contexto, desde el Ministerio de Energía y Minas se viene impulsando sinergias y articulación entre los distintos niveles de gobierno con miras a brindar una mayor predictibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas.

¿Qué estrategias impulsa el MINEM para prevenir y gestionar conflictos sociales en zonas de influencia minera, y cómo se está fortaleciendo el diálogo entre comunidades, empresas y el Estado?

Tenemos claro que la gestión de los conflictos sociales es uno de los ejes centrales de nuestra política sectorial, y la abordamos con un enfoque preventivo, territorial y de articulación interinstitucional. Por esa razón, estamos fortaleciendo la presencia temprana del Estado en los territorios, priorizando el acompañamiento desde las etapas iniciales de los proyectos. Esto permite identificar oportunamente las preocupaciones de la población y anticipar posibles escenarios de conflictividad antes de que escalen. Asimismo, promovemos de manera activa espacios de diálogo permanentes y estructurados, como mesas de desarrollo y plataformas territoriales, donde intervienen comunidades, empresas, gobiernos locales, regionales y el Gobierno nacional. Estos espacios no solo permiten atender demandas, sino también construir agendas alineadas con las necesidades del territorio.

¿Cómo impacta la minería ilegal e informal en el desarrollo de la gran minería en el Perú?

La minería ilegal e informal representa uno de los principales desafíos estructurales para el desarrollo ordenado del sector minero en el Perú. Sus impactos son amplios y afectan el aspecto ambiental, social, económico e institucional. La minería ilegal está asociada a graves impactos ambientales, como la deforestación, la contaminación de fuentes de agua y el uso inadecuado de insumos peligrosos. Esto deteriora ecosistemas y genera desconfianza en la población respecto a toda la actividad minera, incluyendo aquella que opera bajo estándares formales y regulados. Desde el Estado se viene abordando esta problemática de manera integral. Por un lado, se fortalecen las acciones de interdicción contra la minería ilegal, en coordinación con los sectores competentes. Y por otro, se impulsa la formalización de la pequeña minería y minería artesanal, facilitando su incorporación al marco legal mediante asistencia técnica, simplificación de procesos y acceso a mercados formales.

Anemia en Remisión

Iniciativa conjunta de Poderosa ha permitido que la anemia disminuya a un 6 % en Pataz.

La anemia es un problema de salud pública que el Perú no logra vencer. En el 2024, se calculaba que más del 30 % de los niños y niñas peruanos de hasta tres años sufrían de esta condición que amenaza su desarrollo y condiciona su futuro. Por ello, en un esfuerzo articulado que ha redefinido la gestión de salud en La Libertad, el distrito de Pataz ha logrado reducir la anemia, en niños y niñas de 6 a 35 meses de 31,2 % a solo un 6 %. Este importante avance es el resultado del proyecto Unidos por la Mejora de la Salud MaternoInfantil, una iniciativa impulsada por Asociación Pataz con el financiamiento de la Compañía Minera Poderosa. El modelo se basa en la cooperación entre la municipalidad distrital de Pataz, la microrred de salud, promotoras de salud y madres de familia de la comunidad.