La Municipalidad Provincial del Cusco formalizó la decisión de declarar “persona no grata” al influencer Cristorata, Christopher Puente Viena, tras la difusión de una serie de comentarios racistas vertidos en sus redes sociales. La medida institucional surge como respuesta a las expresiones denigratorias utilizadas por el creador de contenido hacia los ciudadanos de la sierra peruana, lo cual desató un rechazo generalizado en la opinión pública y diversos sectores civiles.
En un comunicado oficial, la comuna cusqueña subrayó que las declaraciones del streamer vulneran la dignidad de la población andina y atentan contra los valores de respeto e inclusión. El alcalde Luis Beltrán Pantoja reafirmó la postura de la ciudad imperial, señalando que la declaratoria refleja el malestar de la ciudadanía frente a discursos que menoscaban la identidad cultural de la región.
Acciones legales contra Cristorata
Más allá de la sanción moral impuesta por la municipalidad, el caso ha escalado al ámbito judicial. El Ministerio Público ha iniciado diligencias preliminares para determinar responsabilidades penales bajo el cargo de discriminación. Este proceso incluye la revisión exhaustiva del material audiovisual y la toma de declaraciones, acciones que podrían derivar en sanciones efectivas y la exigencia de una reparación civil.
El Ministerio de Cultura también se pronunció sobre el caso de Christopher Puente, manifestando su respaldo a las investigaciones legales. La entidad recordó que los actos de racismo constituyen una afrenta directa a la diversidad cultural del país y que el Estado tiene la obligación de actuar con firmeza ante este tipo de vulneraciones.
Alcances de la discriminación en redes
A pesar de que el influencer ofreció disculpas públicas y reconoció el carácter ofensivo de sus palabras, especialistas en derecho advierten que una rectificación no extingue la posible comisión del delito.
Con esta medida, Cusco reafirma su política de tolerancia cero frente al racismo, instando a las instituciones nacionales a velar por el cumplimiento de las leyes que protegen la dignidad de todos los peruanos frente a cualquier forma de discriminación étnico-racial.