En el Perú, el voto es obligatorio y no acudir a las urnas durante las Elecciones Generales 2026 implica una sanción económica. Las multas están diferenciadas según el nivel de pobreza del distrito consignado en el DNI del elector.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los montos vigentes son: S/110 para distritos no pobres, S/55 para distritos considerados pobres y S/27,50 para zonas de pobreza extrema.
El incumplimiento es más grave en el caso de los ciudadanos designados como miembros de mesa. Quienes no cumplan con esta función deberán pagar una multa de S/275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Además, las sanciones pueden acumularse. Es decir, una persona que no vote y tampoco cumpla su rol como miembro de mesa podría enfrentar una deuda superior a los S/300.
No pagar estas multas genera restricciones administrativas: los ciudadanos quedan impedidos de realizar diversos trámites oficiales, como renovar el DNI, firmar documentos legales o acceder a ciertos servicios del Estado, hasta regularizar su situación.
En un contexto de voto obligatorio, el costo de no participar en el proceso electoral no solo es económico, sino también administrativo, lo que refuerza la importancia del cumplimiento cívico.