La tensión tras el debate electoral ha pasado del plano político al judicial. Wolfgang Grozo, candidato presidencial por Integridad Democrática, anunció que iniciará acciones legales contra Fernando Olivera, postulante del Frente de la Esperanza, por las acusaciones que realizó durante el debate del lunes 23. Grozo calificó esas afirmaciones como “falsas y maliciosas”, luego de que se le vinculara con Vladimiro Montesinos y con presuntas redes de narcotráfico.
A través de un pronunciamiento, el candidato señaló que, en el periodo mencionado por Olivera, se encontraba en formación como cadete y en sus primeros años como oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Además, remarcó que su hoja de vida es pública y puede ser verificada por cualquier ciudadano, rechazando así las acusaciones hechas en el debate.
Wolfgang Grozo sustenta las acciones legales
El equipo legal de Integridad Democrática sostiene que las declaraciones de Olivera configuran el delito de difamación agravada. En ese contexto, Grozo citó jurisprudencia de la Corte Suprema para recordar que la libertad de expresión no ampara afirmaciones sin sustento.
“La libertad de expresión no protege afirmaciones falsas, maliciosas y sin la mínima comprobación. Lo ocurrido reúne exactamente esos elementos”, señala el comunicado.
Asimismo, el candidato indicó que, de obtener una reparación civil, el dinero será destinado íntegramente a programas sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.
Crece la confrontación judicial
Grozo no es el único que evalúa llevar a Olivera a los tribunales. César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso (APP), también anunció que tomará acciones legales luego de que el candidato del Frente de la Esperanza lo calificara como “cabecilla de una organización criminal” y lo vinculara con el clan Sánchez Paredes.
Este escenario marca un aumento en la judicialización de la campaña electoral, en un momento clave del proceso. En esa línea, Grozo hizo un llamado a sus rivales para “elevar el nivel del debate político” y centrar la contienda en propuestas, dejando de lado lo que calificó como una “arena de difamaciones”.