La polémica por el acceso a información electoral vuelve a escena. Keiko Fujimori rechazó el pago de más de S/17 millones que su partido debería asumir para acceder a la lista de electores de la segunda vuelta de las elecciones 2021 en Perú, tras una orden judicial dirigida a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“La transparencia no puede tener precio”, sostuvo la lideresa de Fuerza Popular, marcando distancia con las condiciones impuestas por el organismo electoral. Para la agrupación, el monto representa una barrera económica que dificulta el acceso a información clave del proceso electoral.
ONPE entregará listas, pero sin datos sensibles
La Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que cumplirá con el fallo del Poder Judicial que ordena la entrega de las listas de electores, luego de que se declarara fundada una demanda de hábeas data.
Sin embargo, precisó que la información será entregada con restricciones. No incluirá fotografías, firmas ni huellas dactilares, en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Según la entidad, estos datos son sensibles y su difusión está prohibida.
El padrón solicitado corresponde a más de 18,8 millones de ciudadanos. En formato físico, equivale a más de dos millones y medio de páginas, lo que explica el alto costo del proceso de copiado y certificación.
Costo de S/17 millones genera rechazo político
El monto fijado asciende a S/17.532.630 y deberá ser cubierto por Fuerza Popular si desea acceder a la información completa en físico. La entrega digital, en cambio, se realizará en un plazo más corto.
Desde el partido, la respuesta ha sido directa. Keiko Fujimori cuestionó no solo el costo, sino también las limitaciones del contenido entregado. Considera que recibir información incompleta impide una verificación exhaustiva del proceso electoral.
La agrupación también advirtió que excluir elementos como firmas y huellas reduce la utilidad del padrón. “Se pretende entregar información parcial”, señalaron en su pronunciamiento.
ONPE defiende legalidad y protección de datos
Frente a las críticas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales reiteró que solo cumple lo dispuesto por el Poder Judicial y que la anonimización de datos es una obligación legal.
La entidad subrayó que su rol es garantizar tanto el acceso a la información como la protección de los datos personales de los ciudadanos. En ese sentido, defendió que el procedimiento se ajusta a la normativa vigente.
Debate abierto sobre transparencia electoral
El caso ha reavivado el debate sobre el acceso a información pública en procesos electorales. Mientras Fuerza Popular insiste en que se imponen trabas, la ONPE sostiene que actúa dentro del marco legal.
La controversia pone en discusión el equilibrio entre transparencia electoral y protección de datos personales, en un contexto donde los resultados de las elecciones 2021 en Perú aún generan cuestionamientos políticos.