Un cargamento de alto riesgo que viajaba camuflado bajo la modalidad de paquetería comercial fue interceptado en la provincia de Huarmey. La intervención, liderada por la Sucamec en coordinación con la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público, logró el decomiso de más de 170 kilogramos de material explosivo antes de que estos lograran salir de la región Áncash con destino al sur del país.
Durante la diligencia realizada en un almacén de encomiendas, las autoridades hallaron 48 rollos de mecha fulminante y 1,216 cartuchos de emulsión explosiva. El material carecía de cualquier documentación de trazabilidad o permisos vigentes para su traslado, representando un peligro latente tanto por su naturaleza destructiva como por las condiciones de transporte informal en las que se encontraba.
Ruta de la ilegalidad
Según las investigaciones preliminares supervisadas por el superintendente nacional de Sucamec, Rafael Ríos Zavala, la carga tenía como destino final la región Ica. Este operativo se activó tras detectarse un patrón reciente de envíos similares en dicha zona, donde previamente se habían incautado otros 173 kilogramos de explosivos ocultos.
El general Carlos Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, detalló que el hallazgo se produjo tras identificar cinco cajas sospechosas dentro del flujo de envíos comerciales. Al realizar la apertura controlada, los especialistas confirmaron que se trataba de insumos diseñados para la fabricación de dispositivos de alto poder.
Nexos con la minería informal
La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional es que este cargamento estaría destinado a actividades vinculadas a la minería informal, sector que suele abastecerse mediante estas redes de tráfico ilícito. No obstante, las autoridades no descartan que el material pudiera ser desviado hacia otras organizaciones criminales que han incrementado su presencia en las regiones del sur.
Con esta incautación, se logra interrumpir una cadena logística de distribución de explosivos que operaba entre el norte y el sur del país. Las investigaciones continúan bajo estricto control fiscal para identificar a los responsables del envío y determinar el alcance de la red criminal involucrada en esta modalidad de tráfico de armas y municiones.