El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha tomado medidas radicales tras la detención de uno de sus servidores, identificado por la Policía Nacional como el presunto cabecilla de una organización delictiva dedicada a la extorsión en el distrito del Rímac. Se trata de Frank Jonathan Montero Francia (38), conocido como ‘Chino’, quien se desempeñaba en el Establecimiento de Medio Libre del Callao.
La captura, ejecutada por la Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera (Beicce) en la urbanización Ventura Rossi, permitió desarticular a la banda denominada ‘La Generación Nueva del Rímac’. Durante la intervención en la avenida Morro de Arica, los agentes hallaron evidencias que vinculan directamente al funcionario público con actividades criminales de alto impacto.
Evidencia incriminatoria: «Plata o plomo»
La investigación fiscal y policial señala que Montero Francia lideraba el cobro de cupos a mototaxistas y colectiveros informales de la zona. Entre los objetos incautados figuran:
- Explosivos y drogas.
- Siete teléfonos celulares (uno reportado como robado).
- Un manuscrito extorsivo con la frase: «Todos los paraderos informales de la zona se tienen que alinear con nosotros… plata o plomo».
Además, el peritaje a su equipo móvil reveló fotografías de armas de fuego que, según la PNP, el agente ofrecía en alquiler a otros delincuentes comunes. Cámaras de vigilancia también habrían registrado a integrantes de esta banda cometiendo asaltos en la avenida Alcázar antes de refugiarse en la vivienda del detenido.
Respuesta institucional y purga interna
Mediante un comunicado oficial emitido el 7 de marzo, el INPE anunció la separación temporal del investigado bajo el régimen del D.L. 276. No obstante, la medida administrativa es solo el inicio de una intervención mayor: la Oficina de Asuntos Internos ha iniciado una auditoría en las sedes donde Montero prestó servicios para identificar a posibles cómplices o redes de colaboración dentro de la entidad.
Aunque el INPE calificó el suceso como un «caso aislado», la institución reafirmó su política de tolerancia cero y se comprometió a facilitar todas las pruebas necesarias al Ministerio Público para asegurar una sanción ejemplar. El caso pone nuevamente en tela de juicio los filtros de control y confianza sobre el personal que custodia y gestiona el sistema penitenciario del país.