El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por el presunto delito de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito, en agravio de la deportista Lizeth Marzano, quien falleció tras ser atropellada en el distrito limeño de San Isidro.
La medida fue dictada por el 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a pedido de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince, que sostiene que la prisión preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación.
El caso generó amplio impacto público debido a las circunstancias del accidente que provocó la muerte de la joven deportista. La Fiscalía investiga las responsabilidades penales del conductor y las decisiones tomadas tras el siniestro.
Mientras continúan las diligencias fiscales, el investigado permanecerá bajo custodia hasta que se determine el penal donde cumplirá la medida.
Defensa anuncia apelación contra la medida judicial
Tras conocerse la decisión judicial, el abogado César Pérez, integrante de la defensa de Adrián Villar, anunció que apelarán la prisión preventiva dictada por el juzgado.
El letrado cuestionó uno de los argumentos utilizados por el magistrado, quien consideró que su patrocinado no contaba con arraigo domiciliario, pese a que —según afirmó— se acreditó que vive con sus padres.
“El juez ha dicho que no hay arraigo y en uno de los extremos ha señalado que como Adrián vive con padres biológicos que están separados, entonces no tendría arraigo familiar. No coincidimos con ese criterio”, manifestó el abogado en declaraciones a la prensa.
Pérez sostuvo que si ese razonamiento fuera válido, muchas familias separadas carecerían de arraigo, lo que —según indicó— no corresponde a la realidad social.
INPE definirá el penal donde será recluido
Mientras se define su traslado a un establecimiento penitenciario, Adrián Villar permanece en la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de La Victoria.
De acuerdo con la defensa, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) será la entidad encargada de determinar el penal donde cumplirá los nueve meses de prisión preventiva.
El abogado explicó que el traslado no se realiza de manera inmediata, ya que requiere coordinación entre el juzgado que dictó la medida y las autoridades penitenciarias.
“La Policía no puede llevarlo por motu propio ante la Junta de Calificación del INPE. Ese procedimiento se coordina con el juez”, precisó el letrado.
Hasta que se formalice esta disposición, el investigado continuará bajo custodia policial en la sede de la Divpiat.
Investigación por atropello en San Isidro
El caso se originó tras el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en el distrito de San Isidro, un hecho que generó conmoción y debate público sobre la responsabilidad penal en accidentes de tránsito.
La Fiscalía investiga a Villar por homicidio culposo, delito que se configura cuando una persona provoca la muerte de otra por negligencia o imprudencia. Asimismo, enfrenta cargos por omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, conductas sancionadas por la legislación penal peruana.
Las autoridades buscan determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente, así como las acciones que siguió el conductor tras el impacto.
Próxima evaluación de la apelación
La defensa legal confirmó que el recurso de apelación ya fue presentado, aunque aún esperan la notificación de la resolución completa para sustentar formalmente su pedido ante la instancia superior.
En esa etapa del proceso, una Sala Superior del Poder Judicial deberá evaluar si se mantiene la prisión preventiva o si corresponde modificar la medida por otra menos restrictiva, como comparecencia con restricciones.
Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación fiscal y mantiene la atención pública debido a la muerte de la joven deportista y a las implicancias legales del proceso judicial.