El Quinto Juzgado Penal Unipersonal de San Juan de Lurigancho dictó una sentencia de 6 años, 1 mes y 22 días de prisión efectiva contra Wanda Del Valle Bermúdez, conocida como la «Bebecita del Crimen». La condena responde al delito de ofrecimiento para sicariato en agravio del hoy general PNP Víctor Revoredo Farfán, quien en el momento de los hechos lideraba operativos contra peligrosas organizaciones criminales internacionales.
El juez Yosept Rodríguez Vásquez fundamentó la decisión en pruebas contundentes presentadas por la Primera Fiscalía Penal de San Juan de Lurigancho. Según el fallo, quedó acreditado que la sentenciada ofreció una suma de dinero con el fin de atentar contra la vida del oficial, un acto que la justicia peruana considera penalmente relevante incluso si el crimen no llega a ejecutarse.
El testimonio clave y la oferta de 14 mil soles
La investigación, dirigida por la fiscal Gabriela Teresa Pascual Serna, tuvo como pieza fundamental la declaración de un testigo protegido. Este individuo reveló que en 2023 recibió una propuesta económica de 14 mil soles por parte de Wanda del Valle para asesinar al entonces coronel Revoredo.
Dicho ofrecimiento se produjo en un contexto de constantes amenazas contra el jefe policial, quien era el principal perseguidor de la facción criminal vinculada a la pareja de la sentenciada. El magistrado señaló que los peritajes y documentos examinados permitieron establecer que existió una acción concreta y un plan delictivo orientado a eliminar a la autoridad policial.
Reparación civil y expulsión definitiva del Perú
Además de la pena privativa de libertad, la sentencia impone las siguientes medidas:
- Reparación Civil: El pago de 15 mil soles a favor del general Víctor Revoredo.
- Expulsión del país: Una vez cumplida su condena en territorio peruano, Wanda del Valle será expulsada de forma definitiva y tendrá prohibido el reingreso al Perú.
- Vigencia de reclusión: El juzgado precisó que la medida de prisión preventiva se mantiene vigente hasta el 5 de marzo de 2026, fecha tras la cual continuará recluida bajo el régimen de sentencia firme.
Un mensaje contra el crimen organizado
El Ministerio Público destacó que este fallo representa un avance significativo en la persecución de delitos contra la vida y el cuerpo. La relevancia jurídica del caso radica en que sanciona la conducta preparatoria del sicariato, enviando un mensaje claro a las estructuras criminales que pretenden amedrentar a los altos mandos de la Policía Nacional.
Con esta decisión, se cierra uno de los capítulos judiciales más seguidos por la opinión pública, reafirmando la protección legal hacia los efectivos que luchan en la primera línea contra el hampa organizada en el país.