El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia en diversos distritos de 14 regiones del país ante el peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales que vienen afectando a la población, la infraestructura productiva y los servicios básicos. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM, fue publicada en el diario oficial El Peruano y tendrá una vigencia de 60 días calendario.
La norma autoriza la ejecución de acciones excepcionales e inmediatas destinadas a la reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación, en un contexto marcado por lluvias persistentes, desbordes de ríos, activación de quebradas y huaicos que han puesto en situación de alta vulnerabilidad a miles de familias en distintas zonas del país.
Alcance de la declaratoria en 14 regiones
El decreto comprende distritos de múltiples provincias distribuidas en regiones de la costa, sierra y selva. En Amazonas, la emergencia alcanza a Chachapoyas, Bongará, Luya y Rodríguez de Mendoza; mientras que en Áncash incluye provincias como Huaraz, Bolognesi, Huari, Huaylas, Pomabamba y Santa, entre otras.
En Arequipa, una de las regiones más golpeadas por las lluvias, la medida abarca provincias como Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. En Cajamarca, se declaró el estado de emergencia en Cajamarca, Chota, Contumazá, Jaén, San Ignacio, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz, evidenciando la magnitud del impacto en el norte andino.
La declaratoria también comprende provincias de Ica (Ica, Chincha, Nasca, Palpa y Pisco), Junín (Chanchamayo), y La Libertad, donde se incluyen Trujillo, Ascope, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú, zonas recurrentemente afectadas por deslizamientos y activación de quebradas.
Lima, Piura y la selva bajo emergencia
En Lambayeque, la medida se aplica en Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; mientras que en Lima alcanza a Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos, provincias donde las lluvias han afectado vías de comunicación, sistemas de agua y viviendas rurales.
La emergencia también se extiende a Madre de Dios (Tambopata y Manu), Piura (Piura, Ayabaca, Paita, Sullana, Talara y Sechura), Puno (Puno, Azángaro, Carabaya, El Collao, Lampa, San Román y Sandia), San Martín (Moyobamba, Bellavista, El Dorado, Huallaga y San Martín) y Tumbes (Contralmirante Villar y Zarumilla), regiones donde el incremento de caudales y la saturación de suelos elevan el riesgo de desastres.
Rol del INDECI y financiamiento
La norma establece que las acciones estarán a cargo de los gobiernos regionales y locales, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil y la participación de los sectores competentes del Ejecutivo. El objetivo es garantizar una respuesta articulada que permita proteger a la población y restablecer servicios esenciales en el menor plazo posible.
El financiamiento de estas intervenciones se realizará con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, lo que obliga a una gestión eficiente y priorizada de los fondos disponibles.
Decretos complementarios para Arequipa e Ica
De manera adicional, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.º 023-2026-PCM, mediante el cual se amplía la declaratoria de emergencia a más distritos de las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma y Condesuyos, así como al distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica. Esta medida responde al impacto directo de las lluvias en viviendas, infraestructura educativa y de salud, sistemas de riego y vías de transporte.
El decreto complementario también establece facilidades para la recepción de bienes y servicios donados, como material médico, medicamentos, alimentos, prendas de abrigo, maquinaria pesada, combustible y apoyo logístico, con el fin de acelerar la atención a las poblaciones damnificadas.
Prevención, respuesta y presión climática
La declaratoria de emergencia refleja la presión que el actual escenario climático ejerce sobre amplias zonas del país y la necesidad de actuar con rapidez para evitar mayores pérdidas humanas y materiales. Las lluvias intensas, asociadas a condiciones oceánicas y atmosféricas adversas, han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado y la coordinación entre niveles de gobierno.
En ese contexto, el Ejecutivo busca habilitar un marco legal que permita intervenciones inmediatas, reducir trabas administrativas y concentrar esfuerzos en la atención de las zonas más vulnerables. La efectividad de la medida dependerá, sin embargo, de la rapidez con que se ejecuten las acciones en el territorio y del seguimiento permanente de las autoridades competentes.