La Corte Suprema de Justicia de la República confirmó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del ex presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana, en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Los cuellos blancos del puerto. La decisión fue adoptada por la Sala Penal Permanente al declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa legal.
Con este fallo, el tribunal supremo ratificó la resolución emitida el 27 de enero de 2025 por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien había declarado fundado el pedido de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para acceder a los registros telefónicos del investigado correspondientes a los días 8 y 9 de abril de 2018.
Investigación por presunto tráfico de influencias
El Ministerio Público sostiene que existen indicios objetivos que vinculan a Arana con un presunto delito de tráfico de influencias. La imputación se sustenta en una conversación telefónica registrada en abril de 2018 con Walter Ríos, entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, en relación con un proceso judicial que se encontraba en trámite y que habría sido de interés para el ahora investigado.
Según la tesis fiscal, Arana habría inducido a Ríos para que este, a su vez, influyera sobre el magistrado encargado del caso, con el objetivo de obtener un resultado favorable. Estos hechos forman parte del entramado de presuntas interferencias en el sistema de justicia que dieron origen al caso “Los cuellos blancos del puerto”.
Sala Suprema descarta vulneración de derechos
La defensa legal del exjefe del Gabinete argumentó que la resolución cuestionada incurría en motivación aparente, al considerar que no existían datos objetivos suficientes para justificar una medida tan invasiva como el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Además, sostuvo que la solicitud para identificar otras líneas telefónicas a nombre de su patrocinado carecía de utilidad y se basaba únicamente en conjeturas del Ministerio Público.
No obstante, la Sala Penal Permanente rechazó estos argumentos. En su resolución, el colegiado supremo concluyó que la Fiscalía sí expuso elementos objetivos que justifican la medida, y que esta resulta idónea, necesaria y proporcional para esclarecer los hechos investigados.
Acceso a llamadas y posibles cruces de comunicaciones
El tribunal precisó que el levantamiento del secreto de las comunicaciones permitirá no solo conocer el registro histórico de llamadas realizadas por Arana durante el periodo investigado, sino también establecer eventuales cruces de comunicación con otros actores involucrados en el caso.
Asimismo, consideró pertinente que se autorice a la Fiscalía a determinar si el investigado tenía registradas otras líneas telefónicas, ya que estas podrían haber sido utilizadas para comunicarse con personas vinculadas al proceso judicial en el que presuntamente habría mostrado interés.
“Esta información solo puede obtenerse a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones”, señala la resolución, subrayando que la medida responde a la necesidad de asegurar una investigación eficaz sin afectar de manera desproporcionada los derechos fundamentales del investigado.
Investigación preliminar en etapa decisiva
La Fiscalía de la Nación inició la investigación preliminar contra Eduardo Arana en su condición de abogado, tras la difusión de reportes periodísticos que revelaron la conversación telefónica con Walter Ríos. Desde entonces, el caso ha avanzado bajo la supervisión de instancias supremas del sistema judicial.
En setiembre de 2025, la Fiscalía Suprema informó a la Sala Penal Permanente que la investigación preliminar ya había concluido. En ese momento, anunció que evaluaba el siguiente paso procesal: presentar una denuncia constitucional contra Arana ante el Congreso de la República o disponer el archivo del caso, dependiendo del análisis final de los elementos recabados.
Impacto político y judicial
La decisión de la Corte Suprema refuerza el alcance de las investigaciones vinculadas al caso “Los cuellos blancos del puerto”, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción judicial en el país. Además, mantiene bajo escrutinio a una figura que ocupó uno de los cargos más altos del Ejecutivo, en un contexto de permanente tensión entre el sistema político y el sistema de justicia.
El levantamiento del secreto de las comunicaciones marca un punto clave en el proceso, al ampliar el margen de acción del Ministerio Público para determinar si existieron coordinaciones indebidas que afectaron la independencia judicial.