El Tribunal Constitucional del Perú emitió una resolución decisiva al declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus presentada en favor de Daniel Urresti Elera. Esta decisión judicial se fundamenta en la acreditación de una vulneración al derecho a la legalidad penal y a la prescripción de la acción penal en el proceso seguido en su contra. Como resultado directo de este fallo el máximo intérprete de la Constitución ha dispuesto la inmediata libertad del exministro del Interior quien se encontraba cumpliendo una sentencia de 12 años de prisión.
La resolución del Tribunal Constitucional declara la nulidad total de la sentencia emitida originalmente el 12 de abril de 2023. En aquel entonces la justicia peruana había condenado a Urresti por el delito de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía en agravio del periodista Hugo Bustíos Saavedra ocurrido en el año 1988. Con esta nueva determinación la situación jurídica del ex candidato presidencial da un giro radical al quedar sin efecto legal los argumentos que sustentaban su reclusión.
Un caso emblemático
El asesinato de Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 en la provincia de Huanta, es uno de los crímenes más emblemáticos contra la prensa durante los años de violencia política. Bustíos investigaba denuncias de violaciones a los derechos humanos cuando fue emboscado y asesinado.
La sentencia contra Urresti, quien en la época de los hechos era oficial del Ejército, fue considerada por los deudos del periodista y organizaciones de derechos humanos como un avance en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones ocurridas durante el conflicto interno.
Debate jurídico y político
La decisión del Tribunal Constitucional reabre un debate sensible en el país: los alcances de la prescripción en delitos cometidos durante el conflicto armado y los límites entre el respeto al debido proceso y la búsqueda de justicia en casos de derechos humanos.
Para la familia de Bustíos y el entorno de CARETAS, el fallo representa un nuevo revés en una lucha judicial que se ha prolongado por más de tres décadas. Para la defensa de Urresti, en cambio, la resolución confirma que el proceso vulneró garantías fundamentales.
Anulación de resoluciones supremas
El fallo del Tribunal Constitucional no solo afecta la sentencia principal sino que también extiende su alcance a diversas disposiciones posteriores emitidas por el Poder Judicial. En ese sentido se ha declarado nula la resolución del 13 de abril de 2023 que pretendía aclarar e integrar los términos de la condena inicial. Estas medidas procesales quedan invalidadas al considerarse que el proceso vulneró garantías fundamentales establecidas en la carta magna.
Asimismo la decisión del tribunal dejó sin efecto la resolución suprema del 19 de julio de 2023. Dicho documento judicial había ratificado la condena de abril al declarar que no existía nulidad en el proceso penal. Al quedar todas estas instancias sin valor legal la defensa de Daniel Urresti ha logrado revertir el curso de una de las investigaciones más prolongadas y mediáticas de la historia judicial reciente del país centrada en los sucesos de violencia política en Ayacucho.
Procedimiento de excarcelación inmediata
Como consecuencia inmediata de la nulidad de las sentencias y resoluciones vinculadas el Tribunal Constitucional ha oficiado a las autoridades correspondientes para que se proceda con la liberación de Daniel Belisario Urresti. El exfuncionario se encontraba recluido en un establecimiento penitenciario desde el año pasado cumpliendo la pena por el caso Bustíos. La orden de libertad deberá ejecutarse en las próximas horas una vez que el Instituto Nacional Penitenciario sea notificado formalmente sobre el fallo.
La decisión ha generado diversas reacciones en el ámbito político y jurídico especialmente por la mención a la prescripción de la acción penal como uno de los argumentos centrales para la nulidad. Mientras los simpatizantes de Urresti celebran la medida los representantes de las víctimas y organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por el precedente que esta resolución pueda sentar en otros casos de crímenes de lesa humanidad o delitos graves ocurridos durante el conflicto armado interno.