Un hecho conmocionante ha puesto de luto a la ciudad de Huaraz, en Áncash, y ha encendido las alarmas sobre las deficiencias en el sistema de atención de salud mental. Yeny Mayed Norabuena Durán falleció la tarde de ayer tras prenderse fuego en plena vía pública, en el sector ubicado detrás del terminal de Challhua, ante la mirada impotente de los transeúntes.
Horas antes del fatal desenlace, la mujer había acudido al área de emergencia del hospital del Minsa, Víctor Ramos Guardia, aquejada por un cuadro de ansiedad desbordada. Según declaraciones de la directora del nosocomio, María Tadeo Manrique, la paciente fue derivada a una interconsulta; sin embargo, en medio de su crisis emocional y mientras se realizaban los trámites administrativos, Norabuena Durán decidió abandonar el establecimiento.
Un sistema que no contuvo
El desenlace ocurrió por la tarde, cuando la víctima se roció combustible y se inmoló. Pese a que testigos, efectivos de la Policía y personal de serenazgo intentaron auxiliarla, la gravedad de las lesiones fue irreversible. Norabuena fue trasladada nuevamente al hospital nacional y luego derivada a EsSalud Huaraz con quemaduras de tercer grado en más del 90% de su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a las pocas horas.
Este caso ha generado una profunda indignación en la comunidad huaracina, evidenciando la fragilidad de los protocolos de acompañamiento para pacientes con trastornos emocionales agudos. La falta de un seguimiento inmediato y la saturación de los servicios de salud impidieron que la petición de ayuda de Yeny tuviera una respuesta integral.
Emergencia en salud mental
La tragedia de Yeny Norabuena subraya una realidad crítica en el país: la salud mental continúa siendo tratada como un aspecto secundario dentro de la salud pública. La escasez de personal especializado y la burocracia en los procesos de interconsulta dejan a las personas en situación de vulnerabilidad extrema sin la protección necesaria.
Las autoridades locales y del sector salud enfrentan ahora el reto de revisar los protocolos de atención en crisis para evitar que la falta de recursos y de sensibilidad profesional cobre más vidas en la región.