La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha formalizado el inicio de una investigación preliminar contra Delia Espinoza por el presunto uso irregular de vehículos oficiales pertenecientes al Ministerio Público. Esta medida fue oficializada a través de un informe emitido el 26 de enero de 2026, tras detectarse que la magistrada habría utilizado unidades institucionales cuando ya se encontraba suspendida de sus cargos como Fiscal Suprema y Fiscal de la Nación.
La decisión de este organismo constitucional se sustenta en un informe técnico presentado por Gino Augusto Tomás Ríos, miembro de la JNJ. En dicho documento se expone que Espinoza habría mantenido el uso de la logística del Estado a pesar de habérsele retirado todas las atribuciones y prerrogativas inherentes a sus altas funciones debido a la suspensión vigente en su contra.
Evaluación de uso indebido de recursos del Estado
El objetivo central de esta investigación es esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el uso de las unidades vehiculares y verificar si existía alguna justificación legal para su utilización. La JNJ busca determinar si estos hechos configuran un uso indebido de recursos públicos y si la conducta de Espinoza resulta incompatible con los deberes de probidad que exige la función fiscal.
De acuerdo con el pronunciamiento de la Junta, la suspensión de funciones implica el cese automático de cualquier beneficio o prerrogativa asociada al cargo, lo que incluye la asignación de transporte institucional. Por tanto, el uso de estos activos del Estado durante el periodo de inhabilitación temporal representaría una infracción administrativa y ética que el organismo autónomo deberá calificar en los próximos meses.