El Poder Judicial dispuso el embargo preventivo de bienes inmuebles del candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra Cornejo, y de su hermano César Vizcarra Cornejo, como parte de una investigación por el presunto delito de colusión agravada vinculada a contrataciones realizadas en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en la región Tacna. La medida busca garantizar el eventual pago de una reparación civil al Estado. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia Jorge Basadre, que ordenó el embargo hasta por un monto aproximado de S/ 1 millón 360 mil, de acuerdo con lo solicitado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Medida cautelar por presunto perjuicio económico al Estado
Según la información proporcionada por la Procuraduría, la investigación se centra en presuntas irregularidades en la simulación del alquiler de maquinaria pesada para la ejecución de una obra pública en el centro poblado de Mirave, distrito de Ilabaya, durante el año 2018. En ese periodo, la municipalidad realizaba trabajos de defensas ribereñas tras los daños ocasionados por fenómenos naturales.
De acuerdo con la tesis fiscal, el contrato investigado estaría valorizado en aproximadamente S/ 6 millones, monto que correspondería al alquiler de maquinaria que no habría sido ejecutado conforme a lo pactado, generando un presunto perjuicio económico para el Estado. La medida de embargo preventivo fue dispuesta como una acción cautelar, sin que ello implique un adelanto de responsabilidad penal, con el objetivo de asegurar el resarcimiento económico en caso de una eventual sentencia condenatoria.
Mario y César Vizcarra figuran como investigados
El proceso comprende a Mario Vizcarra Cornejo, quien actualmente participa en la contienda electoral como candidato presidencial, y a su hermano César Vizcarra Cornejo, quienes son investigados como presuntos cómplices en los hechos materia de indagación fiscal. Las autoridades judiciales señalaron que la investigación se encuentra aún en etapa preparatoria, fase en la que se recogen elementos de convicción para determinar si corresponde o no formular una acusación formal ante el Poder Judicial. Desde el ámbito judicial se precisó que el embargo preventivo recae sobre bienes inmuebles, los cuales quedan temporalmente afectados mientras dure el proceso, sin que ello implique su incautación definitiva.
Investigación se remonta a la gestión municipal de 2018
Los hechos que motivan la investigación se remontan al año 2018, cuando la Municipalidad Distrital de Ilabaya ejecutaba obras de infraestructura destinadas a mitigar riesgos por desbordes de ríos en la provincia de Jorge Basadre. La Fiscalía investiga si existió una concertación indebida entre funcionarios municipales y particulares para simular servicios de alquiler de maquinaria. Según la Procuraduría Anticorrupción, el contrato bajo análisis habría sido utilizado para justificar pagos sin la correspondiente ejecución real del servicio, lo que configuraría el presunto delito de colusión agravada, tipificado en el Código Penal.
Proceso continúa bajo control judicial
El Poder Judicial informó que la investigación continuará conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la normativa vigente. En ese marco, tanto la Fiscalía como la defensa de los investigados podrán presentar los recursos y actuaciones que consideren pertinentes. Asimismo, se indicó que la medida cautelar podrá ser revisada o modificada en función del desarrollo del proceso y de los elementos que se incorporen a la investigación. El caso se suma a otros procesos judiciales que involucran a actores políticos en el actual escenario preelectoral, en un contexto marcado por una alta demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas.