Jerí solicita defensa legal con fondos públicos
Un documento de la Subsecretaría General de la Presidencia reveló que José Jerí solicitó el pasado 29 de enero que el Estado asuma los gastos de su defensa en la investigación preliminar que sigue la Fiscalía de la Nación.
El proceso se centra en sus reuniones privadas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, vinculados a proyectos energéticos y procesos judiciales por delitos ambientales. Según la resolución oficial, Jerí pidió asesoría legal por estar comprendido en la Carpeta Fiscal N° 15-2026, que lo investiga por presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado.
Contratación del abogado aún sin detalles
Aunque se aprobó que Jerí contará con un abogado pagado con dinero público, hasta la fecha no se ha determinado el monto de la contratación ni el nombre del defensor. El Despacho Presidencial realizará un estudio de mercado para definir los honorarios correspondientes.
El mandatario ya declaró ante el Ministerio Público en Palacio de Gobierno el 30 de enero, acompañado de un abogado particular, en el marco del caso “Chifagate”, que involucra la reunión con Yang en diciembre de 2025, cuando su empresa solicitaba postergar obras de la estación hidroeléctrica Pachachaca 2. La Fiscalía también indaga ingresos de Ji Wu Xiaodong a Palacio, pese a que cumple arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera y presunta vinculación a la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía.
Uso de fondos públicos genera críticas
El pago de la defensa con recursos del Estado puede interpretarse como un privilegio frente a otros funcionarios en situaciones similares. La oposición ha denunciado un presunto blindaje institucional, lo que alimenta cuestionamientos sobre transparencia y ética en el gobierno interino.
Más allá del ámbito legal, la decisión de Jerí se percibe como un gesto político que pone en evidencia la fragilidad de su legitimidad. En un contexto de escasez de recursos y desconfianza ciudadana en las instituciones, el uso del erario para enfrentar acusaciones delicadas refuerza la percepción de distancia entre el poder y la población.