Investigación preliminar por contratos estatales
La Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por presuntos delitos contra la administración pública. La medida se da tras la revelación de que cinco jóvenes obtuvieron contratos con el Estado luego de sostener reuniones privadas con el presidente José Jerí.
El caso está a cargo de la fiscal provincial Roxana Inés Espinoza Páucar, y las diligencias se realizan conjuntamente con personal de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, en sede policial.
Diligencias tras revelación periodística
La investigación comenzó luego de un reportaje del programa Cuarto Poder, que informó sobre visitas registradas en el Despacho Presidencial, seguidas de órdenes de servicio y designaciones en distintas entidades del Estado.
Según el informe periodístico, estas reuniones quedaron consignadas en el portal de Transparencia y se produjeron antes de la emisión de los contratos, lo que motivó la apertura de diligencias fiscales.
Caso Guadalupe Vela y otros contratos
Uno de los casos destacados es el de Guadalupe Vela Ramírez, ingeniera ambiental, quien ingresó a Palacio de Gobierno el 1 de noviembre de 2025 y permaneció hasta cerca de la medianoche. Veinte días después, obtuvo una orden de servicio en Essalud por más de S/ 6 mil y, posteriormente, un segundo contrato como locadora FAG en el Ministerio del Ambiente por S/ 11 mil.
Otros jóvenes incluidos en la investigación son: Rubiel Cristina Beraun Rojas, Violeta Emperatriz Beas Otero, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Camargo, quienes también registraron visitas al despacho presidencial antes de ser contratados por el Estado. Ninguno de ellos brindó declaraciones hasta el momento.
Procedimiento fiscal y próximos pasos
La FECOF de Lima Centro continuará con las diligencias preliminares para determinar responsabilidades y verificar si los contratos se otorgaron en condiciones irregulares o favorecimientos indebidos.
El caso refleja el escrutinio sobre la transparencia en la contratación pública y la necesidad de garantizar que las designaciones estatales se otorguen siguiendo criterios legales y objetivos.