El juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, alertó que el Estado peruano dejó de recuperar alrededor de US$ 50 millones durante el 2025 como consecuencia directa de los cambios normativos introducidos a la Ley de Extinción de Dominio por el Congreso de la República y de una posterior sentencia del Tribunal Constitucional. La declaración fue realizada durante la Reunión Anual 2026 de Presidentas y Presidentes de las Cortes Superiores del país, realizada en Lima.
Según explicó el magistrado, las modificaciones al Decreto Legislativo 1373, aprobadas en abril del año pasado, junto con la declaración de inconstitucionalidad parcial emitida por el TC, impactaron de manera significativa en la capacidad del Estado para recuperar activos vinculados al crimen organizado, especialmente en procesos relacionados con minería ilegal, narcotráfico y delitos ambientales.
Impacto económico de las reformas legales
Durante su intervención, Luján Túpez detalló que la combinación de la sentencia del Tribunal Constitucional y la promulgación de la Ley 32326 tuvo un efecto directo en los resultados económicos del subsistema. “Si lo queremos traducir en dinero, estas decisiones han significado US$ 50 millones menos para el Estado”, señaló.
No obstante, el magistrado aclaró que, pese a esta reducción, el sistema de extinción de dominio no solo se mantiene operativo, sino que ha mostrado un crecimiento importante. En el 2025, el subsistema logró recuperar US$ 39 millones, una cifra que, según indicó, supera los registros históricos previos a las modificaciones normativas.
Crecimiento del subsistema pese a las limitaciones
Luján Túpez destacó que, a pesar del escenario adverso generado por los cambios legales, el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio registró un crecimiento del 121% en 2025, consolidando su papel dentro de la estrategia estatal contra el crimen organizado.
Este crecimiento se refleja en el número de resoluciones judiciales emitidas. Durante el último año, los juzgados especializados dictaron 881 sentencias, mientras que las salas de apelaciones emitieron 484 resoluciones, cifras que evidencian una alta productividad a nivel nacional.
Bienes recuperados en casi siete años
El juez supremo también presentó un balance histórico del subsistema. En un periodo cercano a los siete años, los juzgados y salas de extinción de dominio han logrado recuperar US$ 207 millones 739 mil 507 en bienes y activos de origen ilícito.
Este resultado, subrayó, contradice las versiones que anunciaban el debilitamiento o eventual desaparición de la extinción de dominio en el Perú. “Es un mito que iba a extinguirse la extinción de dominio”, afirmó, resaltando el compromiso del sistema judicial frente a presiones políticas y normativas.
La valentía de juezas y jueces especializados
En uno de los momentos más enfáticos de su exposición, Luján Túpez reconoció la labor de las juezas y jueces especializados en extinción de dominio. Señaló que muchos magistrados han actuado con valentía al aplicar criterios de convencionalidad, recurriendo a tratados internacionales como la Convención de Mérida y la Convención de Palermo para sostener sus decisiones.
“Han tenido que ser valientes”, indicó, al explicar que estas herramientas internacionales han sido clave para mantener la eficacia del sistema frente a las restricciones impuestas por las reformas legales internas.
Minería ilegal supera al narcotráfico en impacto económico
Uno de los datos más relevantes presentados por el magistrado está relacionado con la distribución de los procesos por tipo de delito. Según explicó, el 30% de los casos de extinción de dominio está vinculado al tráfico ilícito de drogas, el 10% a la minería ilegal y el 12% a delitos ambientales.
Sin embargo, al analizar el volumen de dinero ilícito involucrado, la minería ilegal representa el 34% del total, mientras que los delitos ambientales alcanzan el 3%. En conjunto, estas actividades superan al narcotráfico en impacto económico, al concentrar el 37% de los recursos ilegales detectados.
Un modelo basado en derechos humanos
Luján Túpez enfatizó que el proceso de extinción de dominio en el Perú se rige por un enfoque basado en derechos humanos y garantías fundamentales. Explicó que este mecanismo no persigue personas, sino bienes, y distingue claramente entre la propiedad legítima y la apariencia de propiedad.
“El juez no se pregunta por el delito, el delito es la prueba; se pregunta si el bien es delictivo o tiene contenido delictivo”, precisó. Si el bien se encuentra dentro del marco legal, la propiedad es respetada; de lo contrario, se extingue conforme a ley.
Además, recordó que el proceso cuenta con la garantía del doble conforme, lo que implica que una decisión debe ser confirmada en segunda instancia para quedar firme.
Perú como referente internacional
El magistrado destacó que el modelo peruano de extinción de dominio es observado como un referente en el extranjero. De acuerdo con las estadísticas del sistema, de cada 100 bienes inicialmente sospechosos, la Fiscalía solo presenta demanda en 17 casos, archivando el resto por falta de pruebas suficientes.
“Eso demuestra que existe un debido proceso y respeto a los derechos humanos”, afirmó, diferenciando el modelo peruano de simples procedimientos administrativos de confiscación utilizados en otros países.
Llamado a fortalecer la coordinación judicial
Finalmente, Luján Túpez instó a las juezas y jueces penales del país a remitir de manera inmediata las sentencias consentidas o ejecutoriadas a los fiscales de extinción de dominio. Esta coordinación, sostuvo, es clave para agilizar los procesos y evitar la pérdida de activos vinculados a actividades ilícitas.
El evento en el que se realizó la exposición tuvo como objetivo evaluar de forma crítica los resultados del Poder Judicial en 2025 y definir con claridad las prioridades institucionales para el 2026, en un contexto marcado por el avance del crimen organizado y la minería ilegal en el país.