El Poder Judicial ha tomando una decisión clave al anular la orden de prisión preventiva dictada contra Ciro Castillo Rojo, quien se desempeña como gobernador regional del Callao. Esta resolución se produce tras el fallo favorable de la apelación presentada por la defensa de Castillo en el marco de la investigación por la presunta organización criminal conocida como Los Socios del Callao.
Con este fallo, el gobernador regional podrá continuar siendo investigado en libertad y, además, se queda habilitado para retomar sus funciones al frente del Gobierno Regional del Callao a partir del lunes 2 de febrero. Este caso ha generado gran interés público debido a las implicaciones que conlleva en términos de corrupción en la gestión pública.
Antecedentes del caso
El escándalo se conoció a finales de 2025, cuando el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, solicitó medidas cautelares contra el gobernador y otros implicados. Se les acusó de participar en una organización criminal vinculada a la manipulación de más de 60 contrataciones públicas irregulares durante 2023, lo que supuestamente habría causado un daño económico al Estado que supera los S/1.4 millones.
En diciembre de 2025, el Poder Judicial había autorizado una detención preliminar de 15 días contra Ciro Castillo y varios funcionarios y proveedores relacionados. Esta orden fue ratificada por la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao tras un intento inicial de la defensa por revertir la medida.
Las autoridades realizaron 27 allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas asociadas al caso, incluyendo la residencia del gobernador, quien en ese momento no fue localizado. Tras las diligencias, en enero de este año, el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao dictó 24 meses de prisión preventiva contra Castillo y otros ocho investigados. Esta medida se justificaba por el riesgo de fuga y la posibilidad de que la justicia fuera obstaculizada, de acuerdo con la explicación del juez Edie Walther Solórzano Huaraz.
Fundamentos de la fuga y la prisión preventiva
La Fiscalía argumentó que existían indicios sólidos de que las acciones imputadas a Ciro Castillo y sus coacusados comprometían seriamente la integridad del proceso judicial, lo cual hacía necesaria la restricción de sus libertades. Uno de los puntos más alarmantes fue la supuesta construcción de una “ruta de escape” entre su oficina y un garaje del Gobierno Regional del Callao, lo que indicaba la intención de evadir a la justicia.
Durante el período anterior, Castillo había estado en situación de prófugo desde mediados de diciembre de 2025, lo que amplificó la urgencia de las decisiones judiciales.
Sin embargo, la defensa de Castillo cuestionó tanto la legalidad como el contenido de la acusación fiscal, planteando dudas sobre la validez de las medidas de allanamiento y detención que habían sido impuestas inicialmente.