El Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió un pronunciamiento oficial ante la información difundida sobre la presunta adquisición de televisores en el marco de la organización de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, precisando que el proceso fue anulado, que no se efectuó ningún desembolso y que los equipos no ingresaron al patrimonio institucional.
Según detalló la entidad, la decisión fue adoptada por la actual gestión, luego de constatar el incumplimiento de los plazos de entrega por parte del proveedor, situación que motivó la cancelación total del procedimiento administrativo correspondiente.
Proceso dejado sin efecto por incumplimiento
De acuerdo con la información oficial, el IPD señaló que, al verificarse que el proveedor no cumplió con los plazos establecidos en el contrato, se optó por dejar sin efecto el proceso de adquisición, en concordancia con la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.
La entidad precisó que, como consecuencia de esta decisión, no se realizó pago alguno, descartando cualquier afectación a los recursos públicos. Asimismo, aclaró que los televisores no fueron utilizados para ningún fin institucional ni formaron parte del equipamiento logístico del evento deportivo.
Equipos no ingresaron al patrimonio del Estado
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del IPD es que los televisores no fueron incorporados al patrimonio institucional, lo que implica que no existió recepción definitiva de los bienes ni registro contable dentro de la entidad.
En esa línea, el IPD informó que la totalidad de los equipos fue devuelta al proveedor, cerrando el proceso sin generar obligaciones económicas ni administrativas adicionales para el Estado.
Este detalle busca despejar cuestionamientos relacionados con un eventual uso indebido de bienes o la permanencia de equipos adquiridos irregularmente.
Información entregada a la Contraloría
El Instituto Peruano del Deporte también informó que ha puesto a disposición de la Contraloría General de la República toda la documentación solicitada en relación con este proceso, reafirmando su disposición a colaborar con los organismos de control.
Según indicó la entidad, la entrega de información se realiza en el marco de los mecanismos de fiscalización y control gubernamental, con el objetivo de que se evalúe el procedimiento administrativo seguido y se descarte cualquier irregularidad.
“El IPD mantiene una política de puertas abiertas frente a los órganos de control”, señala el comunicado, en el que se subraya que la fiscalización forma parte de una gestión responsable.
Contexto de los Juegos Bolivarianos 2025
Los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 representan uno de los principales compromisos deportivos asumidos por el Perú en el ámbito regional. La organización del evento ha implicado una serie de procesos logísticos y administrativos vinculados a infraestructura, equipamiento y servicios.
En ese contexto, diversas adquisiciones han sido objeto de seguimiento público y mediático, especialmente aquellas relacionadas con el uso de recursos del Estado. El IPD indicó que la anulación del proceso demuestra la aplicación de criterios de control interno frente a proveedores que no cumplen con las condiciones contractuales.
Compromiso con la transparencia
En su pronunciamiento, el Instituto Peruano del Deporte reafirmó su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, señalando que todas las decisiones adoptadas buscan proteger los intereses del Estado y del deporte nacional.
La entidad destacó que la cancelación del proceso de compra se realizó oportunamente, evitando perjuicios económicos y garantizando que los recursos asignados a los Juegos Bolivarianos se utilicen conforme a la ley.
Asimismo, recalcó que continuará informando de manera oportuna sobre los avances y acciones relacionadas con la organización del evento deportivo internacional.
Gestión bajo observación pública
El IPD reconoció que, debido a la magnitud de los Juegos Bolivarianos 2025, sus decisiones están sujetas a alto escrutinio público, por lo que reiteró que cualquier observación será atendida dentro de los canales institucionales correspondientes.
Finalmente, la entidad aseguró que seguirá fortaleciendo sus mecanismos de control y supervisión en los procesos de contratación, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro y garantizar el uso eficiente de los recursos asignados al deporte.