La Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ucayali ejecutó el allanamiento de seis inmuebles en las regiones de Lima, Loreto e Ica, como parte de una investigación preliminar por los presuntos delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre y responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos.
La diligencia se enmarca en las pesquisas contra la presunta organización criminal denominada ‘Los depredadores del oriente’, que habría operado desde la Amazonía peruana con fines de comercialización ilegal de especies silvestres hacia el extranjero.
Operativo fiscal en tres regiones del país
La intervención estuvo dirigida por el fiscal provincial Eduardo Nina Cruz, de la FEMA de Ucayali, y se desplegó de manera simultánea en diferentes puntos del país. Según informó el Ministerio Público, se allanaron tres inmuebles en Iquitos pertenecientes a un ciudadano de nacionalidad china, así como dos viviendas y una oficina en Lima e Ica, vinculadas a Allan Flores, exfuncionario del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
Las diligencias permitieron asegurar información relevante para la investigación, en una acción coordinada entre fiscales especializados y efectivos policiales.
Incautación de dinero, equipos y documentos
Durante los allanamientos, el equipo fiscal incautó teléfonos celulares, laptops, dispositivos de almacenamiento USB y documentación que sería clave para esclarecer el funcionamiento de la presunta red criminal.
En uno de los inmuebles del ciudadano extranjero intervenido en Iquitos, las autoridades hallaron S/ 100 000 en moneda nacional y extranjera, motivo por el cual el investigado fue detenido por el presunto delito de lavado de activos. Asimismo, en otro de los predios se encontró un arma de fuego, lo que derivó en la detención en flagrancia del responsable del inmueble por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones.
Presunta red de tráfico internacional de fauna
De acuerdo con las indagaciones preliminares, los investigados habrían participado desde 2024 en la captación de especies de fauna silvestre en la región Ucayali, para luego gestionar su traslado hacia Iquitos y posteriormente a Lima, con destino final en el mercado internacional.
El traslado de las especies se habría realizado sin las autorizaciones correspondientes, vulnerando la normativa ambiental y los controles del Estado, lo que refuerza la hipótesis fiscal de una organización estructurada con roles definidos.
Investigación alcanza a exfuncionario de Serfor
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es la presunta participación de un exfuncionario del Serfor, organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, encargado de regular y supervisar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre.
La Fiscalía investiga si el exservidor público habría facilitado u otorgado derechos de manera irregular, permitiendo el traslado y comercialización ilegal de especies protegidas.
Acciones coordinadas contra delitos ambientales
En el operativo participaron cinco fiscales especializados del subsistema FEMA, así como personal policial de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la Policía Nacional del Perú, en el marco de una estrategia de persecución penal contra delitos que afectan gravemente la biodiversidad amazónica.
El Ministerio Público señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo sostenido para desarticular redes criminales dedicadas al tráfico de fauna y flora silvestre, una actividad ilícita que genera altos ingresos y provoca daños irreversibles al ecosistema.
Compromiso fiscal con la protección ambiental
A través de un pronunciamiento, la Fiscalía reafirmó su compromiso con la investigación y sanción de los delitos ambientales, así como con la promoción de acciones interinstitucionales orientadas a proteger la biodiversidad y los recursos naturales del país.
Las diligencias continuarán en los próximos días con el análisis del material incautado y la toma de declaraciones, a fin de determinar responsabilidades penales y el alcance real de la presunta organización criminal.