El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, denunció que durante años la seguridad en los establecimientos penitenciarios del país fue relegada, lo que habría facilitado la proliferación de actividades delictivas al interior de los penales.
En entrevista con Exitosa, el exfuncionario aseguró que no se adquirió equipamiento básico para el control penitenciario durante más de una década.
“La seguridad nunca se priorizó”
Durante su diálogo con Nicolás Lúcar en el programa Hablemos Claro, Paredes sostuvo que el INPE estuvo abandonado en materia de seguridad por más de 10 a 15 años. Según explicó, los recursos se concentraron en el tratamiento penitenciario, dejando de lado el control y la prevención.
“No se compraron detectores, no se compraron máquinas para detectar objetos prohibidos, no se compró absolutamente nada durante 10 o 15 años”, afirmó.
El exjefe del INPE responsabilizó directamente a los ministros, presidentes de la República y autoridades penitenciarias de gestiones anteriores por no haber priorizado la seguridad en los centros de reclusión.
Requisas como respuesta inmediata
Paredes señaló que, durante su gestión, se optó por intensificar las requisas como una medida de corto plazo para enfrentar la criminalidad enquistada dentro de los penales.
Indicó que actualmente se realizan entre 850 y 900 requisas mensuales, una cifra significativamente mayor a la registrada en años anteriores. “Eso es un montón a comparación de lo que se hacía antes”, sostuvo, coincidiendo con la política impulsada desde el Ejecutivo.
Caso ‘Loco Harry’ y traslado penitenciario
El exfuncionario también se refirió al caso de Harry Cano Dávila, alias ‘Loco Harry’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Malditos de Bayóvar’. Explicó que el interno figuraba en la lista de reos de alta peligrosidad y fue trasladado al penal de Challapalca junto a otros 29 internos.
Según detalló, la medida se adoptó en cumplimiento de una orden del Ejecutivo y mediante una Resolución Directoral de tratamiento.
Niega beneficios indebidos
Paredes aclaró que el retorno de Cano Dávila al penal de Lurigancho se produjo tras la interposición de un hábeas corpus por parte de un familiar del interno, sustentado en una resolución judicial previa de junio de 2025, anterior a su gestión.
En ese contexto, rechazó categóricamente haber recibido beneficios económicos. “Acá no hay nada de dinero, de que yo he renunciado porque yo cobré”, afirmó.
Las declaraciones del exjefe del INPE se producen en medio de un escenario de creciente cuestionamiento al sistema penitenciario, marcado por fugas, hallazgos de objetos prohibidos y una renovada discusión sobre la falta de inversión en seguridad.