La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, lanzó una severa advertencia sobre los riesgos que enfrenta actualmente la judicatura en el Perú y en la región, al señalar que existen intentos de instrumentalizar la justicia en beneficio de intereses particulares y partidarios, con el objetivo de lograr impunidad o desacreditar a adversarios políticos. La magistrada formuló estas declaraciones durante la inauguración del Congreso Internacional de Cortes de Justicia: 200 años de los Poderes Judiciales en América Latina, evento que reúne a autoridades judiciales de diversos países de la región.
El pronunciamiento de Tello se produce en un contexto marcado por la presión del crimen organizado, el avance de economías ilegales y una creciente polarización política, factores que —según advirtió— ponen en riesgo la independencia judicial, uno de los pilares esenciales del Estado constitucional de derecho.
Intentos de instrumentalizar la justicia
Durante su intervención, la titular del Poder Judicial sostuvo que en la actualidad existe una clara pretensión de utilizar el sistema de justicia como una herramienta política. Según explicó, esta instrumentalización busca favorecer intereses específicos, ya sea para asegurar la impunidad de determinados actores o para la descalificación de adversarios, afectando la credibilidad y legitimidad de las decisiones judiciales.
Tello vinculó esta amenaza con fenómenos de alta complejidad como la corrupción estructural, el crimen organizado, el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas, la extorsión, la trata de personas y la extracción ilegal de recursos naturales, delitos que generan enormes flujos económicos capaces de influir sobre instituciones públicas, incluyendo el sistema judicial.
Fuerzas megaestructurales y populismo
La magistrada fue enfática al señalar que la independencia judicial enfrenta riesgos provenientes de lo que denominó “fuerzas megaestructurales”, así como de propuestas populistas, autoritarias y regresivas en materia de derechos fundamentales. En ese sentido, advirtió sobre procesos de desconstitucionalización o desconvencionalización del derecho, que debilitan los marcos normativos diseñados para proteger derechos y libertades.
Estas presiones, indicó, no solo afectan la autonomía de los jueces, sino que buscan debilitar el rol del Poder Judicial como contrapeso del poder político, alterando el equilibrio democrático y la separación de poderes.
El Poder Judicial como contrapeso democrático
Tello recalcó que la judicatura y sus órganos de gobierno cumplen una función esencial dentro del sistema democrático, al constituir un contrapeso indispensable frente al poder político. Esta labor, explicó, permite garantizar la supremacía de la Constitución, el principio de legalidad, así como el control, balance y separación de poderes.
Asimismo, subrayó que la protección de los derechos fundamentales depende en gran medida de la fortaleza e independencia del Poder Judicial, especialmente en contextos donde otros poderes del Estado pueden verse influenciados por intereses coyunturales o presiones externas.
Un desafío permanente para la justicia
En su discurso, la presidenta del Poder Judicial sostuvo que los principios de exclusividad e independencia de la función judicial siguen siendo un desafío permanente en los Estados latinoamericanos. A su juicio, garantizar un acceso a la justicia sin discriminación, equitativo y efectivo para toda la ciudadanía, continúa siendo una tarea pendiente que debe ser asumida con firmeza desde la judicatura.
Tello destacó que la confianza ciudadana en el sistema de justicia depende no solo de normas formales, sino de la percepción de que los jueces actúan con independencia, profesionalismo y sin interferencias indebidas.
Necesidad de repensar el Poder Judicial
La magistrada también planteó la necesidad de repensar las estructuras, procesos y capacidades institucionales del Poder Judicial, a fin de adecuarlas a los desafíos de un nuevo tiempo. Según señaló, los cambios sociales, tecnológicos y económicos exigen una modernización profunda del sistema judicial para responder con mayor eficacia a las demandas ciudadanas.
Este proceso, indicó, debe ir acompañado de una reflexión sobre la carrera judicial, las garantías de estabilidad y los mecanismos de formación y evaluación de jueces, elementos clave para asegurar la independencia y calidad de las decisiones jurisdiccionales.
Dos siglos de tensiones y reformas incompletas
Durante el apartado reflexivo de su intervención, Janet Tello recordó que, a lo largo de sus 200 años de existencia, los poderes judiciales de América Latina han enfrentado tensiones estructurales, reformas inconclusas, períodos autoritarios y recurrentes crisis institucionales.
En ese contexto, consideró oportuno que el congreso internacional sirva como un espacio para reflexionar sobre la independencia judicial, la autonomía institucional y las garantías de la carrera judicial, a las que calificó como pilares indispensables para contar con jueces independientes y comprometidos con el servicio público.
La independencia judicial como garantía ciudadana
Finalmente, la presidenta del Poder Judicial enfatizó que la independencia judicial no debe entenderse como una prerrogativa corporativa o personal de los magistrados. Por el contrario, sostuvo que se trata esencialmente de una garantía de tutela judicial efectiva para la ciudadanía.
“La independencia judicial es una condición indispensable para que los ciudadanos puedan confiar en que sus derechos serán protegidos frente a cualquier poder o interés”, afirmó Tello, remarcando que su defensa es clave para la vigencia plena del Estado de derecho y la democracia.