El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) rechazó de manera categórica las declaraciones del interno Martín Vizcarra Cornejo respecto a una presunta demora en la atención médica que habría recibido mientras permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo. A través de un comunicado oficial, la entidad precisó que el exmandatario fue atendido de forma oportuna, continua y conforme a los protocolos establecidos, incluyendo evaluaciones especializadas, exámenes médicos y una intervención quirúrgica en una clínica privada.
Según el pronunciamiento del INPE, el 5 de enero de 2026 Vizcarra informó al área de tópico del penal que presentaba un cólico de tipo renal. Ante ello, el personal de salud aplicó un analgésico intramuscular, al que el interno respondió favorablemente. No obstante, al día siguiente, el 6 de enero, volvió a manifestar dolor y solicitó que se coordinara con su médico tratante particular, el urólogo Miguel Suárez, quien recomendó un tratamiento analgésico por vía endovenosa.
Tratamiento recomendado y negativa inicial del interno
De acuerdo con el comunicado, pese a la recomendación médica, Martín Vizcarra se negó a recibir el tratamiento endovenoso sugerido por su especialista. El INPE precisó que el propio interno indicó que dicho médico lo atendía desde antes de su ingreso al centro penitenciario, lo que motivó una coordinación constante entre el área de salud del penal y el especialista externo.
Paralelamente, el área médica del establecimiento penitenciario gestionó una cita en el consultorio externo de urología del Hospital de Vitarte, perteneciente al Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de garantizar una evaluación especializada y descartar complicaciones mayores asociadas al malestar renal reportado.
Exámenes especializados y seguimiento clínico
El INPE detalló que, tras estas coordinaciones, el interno reportó una disminución significativa del dolor. Posteriormente, el 12 de enero, se le realizaron una tomografía y una ecografía renal en el Hospital de Vitarte, mientras que el 13 de enero se efectuaron exámenes de laboratorio a cargo de personal de la clínica privada Repromedic, dentro del propio penal de Barbadillo.
Estos procedimientos, según la institución, formaron parte de un seguimiento médico continuo, orientado a establecer un diagnóstico preciso y definir el tratamiento más adecuado, respetando en todo momento los derechos del interno y los lineamientos de atención en salud penitenciaria.
Solicitud de atención en clínica privada
El comunicado también señala que el 15 de enero, Vizcarra solicitó formalmente a la Junta Médica Penitenciaria ser atendido en una clínica privada. Esta petición fue evaluada y respondida favorablemente el 16 de enero, evidenciando —según el INPE— la disposición de las autoridades penitenciarias para atender los requerimientos del interno dentro del marco legal y sanitario vigente.
El 20 de enero, el exmandatario acudió a una nueva cita médica en la especialidad de urología en el Hospital de Vitarte. Tras la evaluación, el médico tratante indicó la necesidad de una hospitalización para una intervención quirúrgica. Sin embargo, Vizcarra rechazó ser operado en dicho establecimiento y solicitó que la intervención se realizara en una clínica privada, bajo la supervisión de su médico de confianza.
Hospitalización e intervención quirúrgica
Finalmente, el INPE informó que desde el 21 de enero, el interno se encuentra hospitalizado en la clínica Repromedic, donde fue sometido a una intervención quirúrgica. Su estado de salud es descrito como estable, y permanece bajo observación médica a la espera de un examen de imagen que permita determinar el tratamiento posterior.
En ese sentido, la institución penitenciaria subrayó que se han garantizado todas las condiciones necesarias para la atención médica del exmandatario, tanto en el sistema público como en el ámbito privado, respetando las decisiones adoptadas por el propio interno respecto a su tratamiento.
INPE rechaza versiones sobre falta de atención
Ante las declaraciones públicas de Vizcarra, el INPE fue enfático en señalar que no existió demora ni negligencia en la atención brindada. “Se le otorgaron oportunamente todas las prestaciones de salud necesarias, asegurando el cumplimiento estricto del tratamiento indicado por las especialidades, con el objetivo de salvaguardar su integridad física”, señala el comunicado.
La entidad remarcó que el Establecimiento Penitenciario Barbadillo actuó conforme a los protocolos médicos y administrativos, coordinando con hospitales del MINSA y clínicas privadas cuando fue requerido, y respetando las decisiones del interno, incluso cuando este optó por rechazar determinados tratamientos o solicitar atención externa.
Contexto y repercusiones
El pronunciamiento del INPE se produce en un contexto de alta atención mediática sobre la situación de salud de Martín Vizcarra, cuyas declaraciones generaron cuestionamientos sobre las condiciones de atención médica en centros penitenciarios de alta seguridad. Con este comunicado, la institución busca deslindar responsabilidades y dejar constancia documentada de las acciones realizadas desde inicios de enero.
Desde el ámbito penitenciario, se reiteró que el acceso a la salud es un derecho fundamental que se garantiza a todos los internos, sin distinción, y que en este caso se actuó con celeridad, transparencia y respeto a los procedimientos médicos, descartando cualquier versión que sugiera abandono o desatención.