Llamada registrada en video reaviva polémica presidencial
El presidente José Jerí rompió su silencio ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y aclaró el contenido de la llamada telefónica captada en un video grabado en el local Market Capón, propiedad del empresario chino Zhihua Yang. Según explicó el mandatario, la comunicación fue realizada a Johanna Ocampo, actual jefa de prensa del Despacho Presidencial, y estuvo vinculada a un inconveniente con un material audiovisual del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
La revelación se produce luego de que el propio jefe de Estado señalara días atrás que no recordaba a quién había llamado desde dicho establecimiento, generando suspicacias sobre el contenido de la conversación y el contexto en el que se produjo la visita presidencial. La difusión de las imágenes alimentó cuestionamientos sobre posibles gestiones irregulares y reuniones no registradas en la agenda oficial.
Jerí explica su molestia y descarta gestiones indebidas
Durante su exposición, José Jerí afirmó que su visible molestia en el video obedeció a la frustración por la imposibilidad de difundir un material grabado días antes en el IPD. Según detalló, el contenido promocional —dirigido a actividades de verano para niños— no pudo publicarse por razones vinculadas al principio de neutralidad electoral, lo que derivó en su reclamo telefónico.
“Yo compartía mi enfado con la señorita Johanna, con quien habíamos coordinado la grabación. Luego se nos informó que el video no podía difundirse”, señaló el mandatario, insistiendo en que la llamada no estuvo relacionada con reaperturas comerciales, resoluciones administrativas ni solicitudes ante entidades del Estado.
El presidente negó de manera categórica cualquier gestión ante Indecopi a favor del local de Zhihua Yang, luego de que diversos medios revelaran que dicho establecimiento fue beneficiado con una resolución administrativa días después de la visita presidencial.
Niega influencia ante Indecopi y responde a revelaciones periodísticas
Frente a las versiones que apuntan a una presunta intervención presidencial para favorecer al negocio del empresario conocido como “Johnny”, José Jerí sostuvo que no existió ninguna acción directa ni indirecta ante el Indecopi. Enfatizó que los procedimientos administrativos siguen plazos establecidos y que no se resuelven de forma inmediata.
“El propio Indecopi ha descartado cualquier intervención mía. Estos procesos no se originan de un día para otro”, afirmó ante los parlamentarios, subrayando que no ha favorecido a terceros ni ha interferido en decisiones administrativas.
Estas declaraciones buscan contener el impacto político generado por las publicaciones periodísticas que vinculan la visita presidencial con una resolución favorable al establecimiento, en un contexto de creciente escrutinio sobre la transparencia de la agenda presidencial.
Reuniones no registradas y presión política en el Congreso
El caso se da en medio de un escenario político complejo para el Ejecutivo. José Jerí enfrenta hasta tres mociones de censura por reuniones no registradas realizadas en distritos como San Borja y el Centro de Lima, algunas de ellas en horarios nocturnos y sin registro oficial.
El mandatario reconoció que acudir a encuentros informales fue un “error de forma”, pero insistió en que dichas acciones no constituyen delito alguno. Además, aseguró que siempre estuvo acompañado por su escolta oficial y que no se realizaron actos contrarios a la ley.
Estas explicaciones no han logrado disipar del todo las críticas desde sectores de la oposición, que exigen mayor claridad sobre los motivos y participantes de dichas reuniones, así como un control más estricto de las actividades del jefe de Estado.
Levantamiento del secreto de las comunicaciones
En un intento por reforzar su discurso de transparencia, José Jerí anunció que solicitará el levantamiento de su secreto de las comunicaciones respecto al celular que utiliza de manera personal. La medida, señaló, permitirá que el Ministerio Público evalúe la pertinencia constitucional y legal de acceder a dicha información.
“Voy a poner a disposición el levantamiento de mis comunicaciones y que el Ministerio Público determine lo que corresponda”, expresó el mandatario, aunque precisó que cualquier acción será coordinada con su defensa legal.
No obstante, advirtió que su teléfono contiene información sensible, incluidos secretos de Estado y datos de inteligencia, por lo que el proceso deberá realizarse con las garantías legales correspondientes para no comprometer la seguridad nacional.
Un caso que mantiene abierta la controversia
El episodio de la llamada desde el local del empresario chino Zhihua Yang se ha convertido en un nuevo frente político para el Gobierno, al sumar cuestionamientos sobre la conducta presidencial, la falta de registro de reuniones y el manejo de la agenda oficial en un contexto preelectoral.
Mientras el Ejecutivo insiste en que no existieron irregularidades, el Congreso y la opinión pública continúan demandando explicaciones más precisas. La eventual decisión del Ministerio Público respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones podría marcar un punto de inflexión en este caso, que sigue generando repercusiones políticas y mediáticas.