MTC pide control previo por millonaria licitación de videovigilancia

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó a la Contraloría iniciar acciones de control sobre el proceso de contratación del sistema de videovigilancia en buses, un proyecto que contempla instalar 40 mil cámaras en el transporte público de Lima y Callao.

por Edgar Mandujano

Solicitud formal del MTC a la Contraloría

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitó a la Contraloría General de la República el inicio de acciones de control vinculadas al proceso de contratación del Servicio Integral de un Sistema de Videovigilancia para el transporte público regular autorizado. El pedido fue realizado por el ministro Aldo Prieto, con el objetivo de garantizar la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos en un proyecto de gran envergadura.

Según informó el sector, el acompañamiento técnico de la Contraloría permitirá supervisar las distintas etapas del proceso de contratación, con el fin de asegurar que se cumplan los principios de legalidad, eficiencia y correcta gestión pública. La iniciativa se da en un contexto de creciente preocupación ciudadana por la seguridad en el transporte urbano.

Acompañamiento técnico para evitar riesgos en la contratación

El titular del MTC explicó que la solicitud busca que el organismo de control participe de manera preventiva en el proceso, reduciendo riesgos y posibles observaciones posteriores. “El acompañamiento de la Contraloría es clave para asegurar la transparencia y la continuidad del servicio”, señala la nota oficial difundida por el sector.

Este tipo de acciones de control concurrente se han convertido en una herramienta utilizada por diversas entidades del Estado para fortalecer la confianza pública en los procesos de contratación, especialmente cuando se trata de proyectos con alto impacto presupuestal y social.

Rol de la ATU en el proceso de videovigilancia

El pedido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones refuerza una solicitud previa realizada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), entidad adscrita al sector. La ATU ha puesto a disposición de la Contraloría General de la República los Términos de Referencia (TdR) del servicio, documentos que sustentan técnica y funcionalmente la necesidad institucional del sistema de videovigilancia.

De acuerdo con el MTC, estos TdR detallan los requisitos tecnológicos, operativos y de seguridad que deberá cumplir el servicio integral, así como los objetivos que se buscan alcanzar en beneficio de los usuarios del transporte público.

Objetivo del sistema de videovigilancia en buses

El proceso de contratación tiene como finalidad implementar un servicio integral de videovigilancia que permita registrar y monitorear, en tiempo real, los sucesos que ocurran dentro de las unidades de transporte público. El sistema estará conectado al Centro de Control y Monitoreo (CCM) de la ATU, desde donde se supervisará la operación.

El MTC precisó que este mecanismo permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, incidentes de seguridad, actos delictivos o emergencias que afecten a pasajeros y conductores. Asimismo, contribuirá a generar evidencia audiovisual para investigaciones administrativas o judiciales.

Alcance del proyecto y número de unidades involucradas

El servicio contempla el suministro e instalación de sistemas de videovigilancia en aproximadamente 8 mil buses de transporte público, lo que representa la colocación de 40 mil cámaras de seguridad en Lima y Callao. Se trata de uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos en el sector transporte en los últimos años.

Según la información oficial, cada unidad vehicular contará con varias cámaras ubicadas estratégicamente para registrar el interior del bus, accesos y otros puntos críticos, permitiendo una cobertura integral durante la prestación del servicio.

Inversión estimada y uso de recursos públicos

La inversión estimada para la implementación del sistema asciende a 112 millones de soles, monto que ha generado especial interés en los organismos de control. Precisamente por ello, el MTC considera fundamental el acompañamiento de la Contraloría desde las etapas iniciales del proceso.

El sector subrayó que el control concurrente permitirá identificar oportunamente posibles riesgos, corregir desviaciones y asegurar que el gasto público se realice conforme a la normativa vigente y a los fines para los cuales fue asignado.

Seguridad ciudadana y transporte público

Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se remarcó que el proyecto de videovigilancia busca fortalecer la seguridad ciudadana en el transporte público, un servicio utilizado diariamente por millones de personas en Lima y Callao. La implementación de cámaras permitiría disuadir actos delictivos y mejorar la percepción de seguridad entre los usuarios.

Además, el sistema facilitará la supervisión del cumplimiento de las normas por parte de los operadores y conductores, contribuyendo a una mejor calidad del servicio.

Compromiso con el Sistema Nacional de Control

El MTC reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, la promoción de buenas prácticas de gestión pública y la protección del interés público. En ese sentido, destacó que la coordinación con la Contraloría General de la República responde a una política de transparencia y rendición de cuentas.

“El control no debe verse como un obstáculo, sino como una garantía para la ciudadanía”, indicaron fuentes del sector, al resaltar que este tipo de acompañamiento genera mayor confianza en las decisiones del Estado.

Expectativa sobre el desarrollo del proceso

Con el inicio de las acciones de control solicitadas, se espera que el proceso de contratación del sistema de videovigilancia avance con mayor solidez técnica y legal. Tanto el MTC como la ATU señalaron que atenderán de manera oportuna cualquier recomendación que formule la Contraloría.

El proyecto, de concretarse, marcará un hito en la modernización del transporte público y en el uso de tecnología para la seguridad urbana, en un contexto donde la demanda por mayor protección de los usuarios sigue en aumento.

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