Iván Paredes Yataco presentó este martes su renuncia irrevocable a la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en medio de una serie de denuncias por presuntos sobornos, irregularidades en contrataciones y una reciente crisis de seguridad en el penal de Piura.
La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente interino José Jerí y difundida por el propio Paredes en sus redes sociales. En la misiva, el ahora exfuncionario agradeció la “confianza depositada” en su persona y señaló que está dispuesto a realizar una “transferencia ordenada y transparente” para no afectar la continuidad del servicio penitenciario.
Paredes asumió el cargo el 5 de julio del año pasado, en reemplazo de Javier Llaque. Su gestión estuvo marcada por cuestionamientos desde los primeros meses, pese al respaldo inicial del Ejecutivo, que sostuvo que las investigaciones en su contra eran previas a su nombramiento.
El último domingo, el programa Cuarto Poder reveló que durante su administración al menos siete jóvenes sin experiencia en el sector público ni estudios universitarios registrados en Sunedu obtuvieron contratos con el INPE. Según el reportaje, todos sostuvieron reuniones previas con Paredes en su despacho y varios no cumplían con requisitos legales, como estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) al momento de su contratación.
Entre los casos expuestos figuran contratos por montos de hasta S/ 10.500 otorgados a personas sin estudios acreditados ni trayectoria en la administración pública. En algunos casos, los beneficiarios regularizaron su inscripción como proveedores días después de firmar órdenes de servicio.
Las críticas se agravaron tras conocerse que Paredes enfrenta una investigación fiscal por una presunta negociación para liberar a un exagente policial condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. El dominical difundió audios atribuidos al exjefe del INPE, en los que se le escucharía solicitando un soborno a cambio de gestionar la excarcelación. Paredes ha negado la autenticidad de dichas grabaciones.
A ello se suma una sanción impuesta por Indecopi por irregularidades en su ejercicio profesional como abogado, que incluyó la no devolución de dinero a un cliente y la omisión de recibos. La multa, superior a los S/ 16.000, fue ratificada en agosto de 2024 y posteriormente anulada tras su designación en el cargo.
La renuncia se produce además luego de un intento de fuga en el penal de Piura, donde un interno venezolano condenado a más de 17 años de prisión trató de escapar por el techo de un pabellón. El INPE informó que el intento fue frustrado tras la activación de los protocolos de seguridad y el traslado del recluso a un penal de máxima seguridad.
El Ministerio de Justicia había anunciado previamente el inicio de acciones disciplinarias, mientras que el Ejecutivo insistía en que Paredes estaba alineado con los objetivos del gobierno en materia penitenciaria. Su salida deja abierta una nueva etapa de cuestionamientos sobre la gestión y control del sistema carcelario.