El Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emita, en un plazo máximo de 60 días, un decreto supremo que establezca un nuevo procedimiento para el pago de la deuda agraria, incluyendo registro, actualización y forma de pago de los bonos emitidos por expropiaciones de tierras durante la reforma agraria. La medida responde a los reclamos de personas afectadas por la aplicación de fórmulas que redujeron significativamente el valor de las indemnizaciones.
Demanda de amparo y antecedentes del caso
La decisión se sustenta en la demanda de amparo (Exp. 01350-2024-PA/TC) presentada por Mónica Jimena Burga Fernández, sucesora de Jorge Burga Olazabal, quien alegó vulneración de los derechos al debido proceso, propiedad y a recibir una indemnización justa por expropiación agraria. La demandante cuestionó la resolución de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y las actuaciones del procurador del MEF.
El TC consideró que la fórmula aplicada por el MEF contradecía criterios previos establecidos en el Auto 00022-1996-AI/TC y la Sentencia 00022-1996-AI/TC, los cuales reconocen el principio valorista. Por ello, anuló la Resolución 2 del 10 de diciembre de 2021 de la sala civil y declaró inaplicable el Anexo 1 del Decreto Supremo 242-2017-EF.
Principales disposiciones del fallo
El tribunal señaló que el MEF incumplió los fallos previos al aplicar una metodología que reducía el monto de los bonos, afectando el derecho constitucional a la propiedad de los expropiados y sus sucesores. Por ello, ordenó:
Emisión de un nuevo procedimiento administrativo: Establecer un registro actualizado de los bonos pendientes, con transparencia y documentación verificable.
Nueva metodología de cálculo: Ajustar el valor de los bonos considerando criterios valoristas y estándares previos del TC.
Pronunciamiento judicial conforme al fallo: La Corte Superior de Lambayeque deberá emitir un nuevo pronunciamiento que respete la sentencia del TC, asegurando el pago justo a los beneficiarios.
Importancia para la deuda agraria
La deuda agraria constituye un compromiso histórico del Estado peruano con los ciudadanos afectados por la reforma agraria, implementada entre las décadas de 1960 y 1970. A través de bonos, el Estado compensó a los propietarios expropiados, pero la fórmula vigente en los últimos años redujo los montos, generando conflictos legales y reclamos judiciales.
Con esta decisión, el Tribunal Constitucional refuerza la protección del derecho a la propiedad y garantiza el cumplimiento de indemnizaciones justas, estableciendo un precedente importante para otros casos de deuda agraria en distintas regiones del país.
Pleno del TC y votación
La sentencia fue aprobada por mayoría del Pleno del TC, integrado por los magistrados Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. El magistrado Manuel Monteagudo Valdez se abstuvo de participar, según la decisión del Pleno del 1 de diciembre de 2025.
Implicancias para el MEF y la administración pública
La medida obliga al MEF a revisar su normativa interna, actualizar procesos administrativos y establecer mecanismos de control para asegurar que el pago de la deuda agraria se realice conforme a derecho. Esto implica:
Revisión de todos los bonos pendientes de pago y actualización de sus montos.
Establecimiento de procedimientos claros y transparentes para el registro y seguimiento de las indemnizaciones.
Cumplimiento estricto del principio valorista para evitar litigios futuros.
El TC enfatiza que la actuación del MEF no solo afecta a los beneficiarios directos, sino que constituye un asunto de interés público relacionado con la correcta administración de recursos del Estado y la garantía de derechos fundamentales.
Reacciones y expectativas
El fallo genera expectativas entre los sucesores de expropiados que buscan recibir pagos justos y actualizados. Asimismo, expertos legales señalan que este pronunciamiento sienta un precedente para otros sectores donde la administración pública haya aplicado fórmulas que limiten el pago de compensaciones, consolidando la función del TC como garante de la legalidad y del derecho a la propiedad.
Por su parte, el MEF deberá elaborar el nuevo decreto supremo dentro del plazo máximo de 60 días, con lo cual se espera iniciar un proceso de pago más ágil, transparente y conforme a los estándares jurídicos establecidos.
En resumen, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la deuda agraria constituye un paso significativo para garantizar que los bonos de expropiación sean actualizados correctamente, cumpliendo con los derechos de los beneficiarios y fortaleciendo la confianza en los mecanismos de compensación del Estado peruano.