El Poder Ejecutivo dio un nuevo paso en el endurecimiento de la lucha contra el crimen organizado al aprobar un decreto legislativo que agiliza la autorización para la revisión de equipos informáticos en casos de flagrancia por sicariato, extorsión y secuestro, así como en operativos realizados dentro de establecimientos penitenciarios. La medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros y modifica disposiciones del Código Procesal Penal.
La norma busca responder a una problemática cada vez más frecuente en las investigaciones penales: la pérdida de información digital clave debido a la demora en obtener una orden judicial. En delitos altamente organizados, el uso de teléfonos celulares, laptops y otros dispositivos electrónicos se ha convertido en un elemento central para la coordinación criminal, el cobro de extorsiones y la planificación de asesinatos por encargo.
Autorización fiscal inmediata en casos de flagrancia
Uno de los principales cambios introducidos por el decreto legislativo es que, en situaciones de detención en flagrancia, el efectivo policial podrá acceder a la información contenida en los equipos informáticos incautados, siempre que cuente con autorización previa del Ministerio Público. Hasta ahora, esta revisión dependía exclusivamente de una orden judicial, lo que generaba demoras críticas.
Según el Ejecutivo, esta limitación permitía que los investigados —o terceros vinculados— eliminen, encripten o destruyan remotamente la información digital, afectando gravemente el esclarecimiento de los hechos. Con la nueva regulación, se busca preservar pruebas digitales sensibles en investigaciones por extorsión, sicariato y secuestro, delitos que representan una de las principales amenazas a la seguridad ciudadana.
La autorización fiscal deberá ser solicitada cuando la revisión del dispositivo resulte indispensable para el esclarecimiento del delito. Concluida la diligencia, el fiscal tendrá la obligación de requerir al juez competente la resolución confirmatoria, manteniendo así el control judicial posterior.
Equipos informáticos dentro de los penales
El decreto también extiende esta facultad a los establecimientos penitenciarios, donde en los últimos años se ha detectado la operación activa de redes criminales desde el interior de las cárceles. En operativos inopinados, si se encuentran celulares u otros dispositivos electrónicos en poder de internos, estos podrán ser revisados bajo el mismo esquema de autorización fiscal.
Las autoridades han advertido que una parte significativa de las extorsiones telefónicas y órdenes de sicariato se coordinan desde centros penitenciarios, aprovechando la demora procesal para ocultar evidencias digitales. La nueva norma apunta a cerrar ese margen de maniobra y fortalecer el control del Estado dentro del sistema penitenciario.
Respuesta a la criminalidad organizada
Desde el Ministerio de Justicia se ha señalado que esta modificación legal responde a la necesidad de adaptar el marco procesal penal a la realidad del crimen organizado, donde la tecnología cumple un rol central. La revisión oportuna de mensajes, llamadas, archivos y aplicaciones puede ser determinante para identificar cómplices, rutas financieras y estructuras delictivas.
El Ejecutivo sostiene que la medida no vulnera derechos fundamentales, ya que mantiene la intervención del Ministerio Público y el control posterior del Poder Judicial. En ese sentido, se busca un equilibrio entre la eficacia de la investigación penal y las garantías del debido proceso.
Impacto en las investigaciones penales
Especialistas en derecho penal consideran que esta disposición puede tener un impacto significativo en la lucha contra la extorsión y el sicariato, especialmente en contextos de flagrancia donde el tiempo es un factor decisivo. La posibilidad de acceder de inmediato a información digital podría acelerar investigaciones, fortalecer acusaciones fiscales y reducir los niveles de impunidad.
No obstante, advierten que su correcta aplicación dependerá de protocolos claros, capacitación policial y una actuación diligente del Ministerio Público para evitar excesos o cuestionamientos posteriores en sede judicial.
Con esta reforma, el Gobierno reafirma su estrategia de endurecimiento normativo frente a los delitos violentos, apostando por herramientas legales que permitan una respuesta más rápida y eficaz ante una criminalidad cada vez más sofisticada y tecnológicamente articulada.