El Ejecutivo aprobó un paquete de medidas integrales contra la extorsión y el sicariato en el sector transporte, uno de los rubros más golpeados por el crimen organizado en el país. A través del Decreto Supremo N.° 009-2026-PCM, el Gobierno estableció disposiciones complementarias para la implementación de la Ley N.° 32490, con el objetivo de enfrentar de manera articulada a las redes criminales que amenazan a empresas de transporte público, de carga y de mercancías.
La norma busca garantizar la continuidad de un servicio esencial para la economía nacional, el empleo y la movilidad diaria de millones de ciudadanos, en un contexto marcado por el incremento de amenazas, atentados y asesinatos por encargo vinculados al cobro de cupos.
Transporte, uno de los sectores más afectados por el crimen
Según el Ejecutivo, el transporte urbano y de carga se ha convertido en un objetivo prioritario de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato, lo que ha generado paralizaciones, cierre de empresas y temor entre conductores y propietarios.
El decreto supremo refuerza el marco legal de protección para este sector estratégico, señalando que la inseguridad no solo afecta a los empresarios y trabajadores, sino también al normal desplazamiento de la población y al abastecimiento de bienes en todo el país.
Respuesta policial inmediata y focalizada
Uno de los ejes centrales del decreto es el fortalecimiento de la intervención policial especializada. La norma dispone el despliegue de centros de comando, patrullaje focalizado y la participación directa de unidades especializadas en extorsión y sicariato, articuladas con los sistemas de videovigilancia de gobiernos locales y regionales.
Además, se ordena el desarrollo de mapas delictivos georreferenciados, que permitirán identificar zonas críticas, rutas vulnerables y patrones de actuación criminal, optimizando así la planificación de operativos preventivos y disuasivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Control financiero y persecución del dinero ilícito
El decreto incorpora medidas específicas de prevención y control financiero para atacar el núcleo económico de las organizaciones criminales. Bajo la conducción de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la PNP, se reforzará la supervisión de los flujos de dinero vinculados a pagos extorsivos.
Estas acciones buscan identificar circuitos financieros irregulares, detectar operaciones sospechosas y facilitar la persecución patrimonial del delito, debilitando la capacidad operativa de las mafias que operan en el transporte.
Protección a víctimas y reactivación económica
El Ejecutivo también incluyó un componente de atención integral a las víctimas de la extorsión, reconociendo el impacto psicológico y económico que estos delitos generan. La norma contempla atención psicológica especializada, programas de reinserción laboral y la creación de un fondo de recuperación económica para las empresas afectadas.
El objetivo es evitar que los transportistas abandonen sus actividades por temor o quiebra, y facilitar su retorno a la formalidad bajo condiciones de mayor seguridad.
Rutas y vehículos seguros
En el ámbito preventivo, el decreto faculta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a evaluar y certificar rutas, paraderos, terminales y vehículos seguros, incorporando progresivamente tecnologías como cámaras de vigilancia y botones de pánico, integrados a los sistemas de comando y control policial.
Asimismo, se dispone la capacitación de propietarios, conductores y trabajadores del transporte, con el fin de mejorar la detección temprana de amenazas y facilitar la denuncia oportuna de hechos delictivos.
Grupo interinstitucional contra la extorsión y el sicariato
Como parte del enfoque articulado, el decreto ordena la conformación de un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato, que integrará a la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la UIF.
Este grupo tendrá como finalidad coordinar investigaciones conjuntas, agilizar procesos judiciales y reforzar la aplicación de la extinción de dominio, herramienta clave para despojar a las organizaciones criminales de los bienes obtenidos ilícitamente.
Mensaje político frente a la criminalidad
Con la aprobación de este decreto supremo, el Gobierno busca enviar una señal política de respuesta firme frente al avance del crimen organizado, en medio de una creciente presión social por mayores niveles de seguridad ciudadana.
Las medidas se implementarán de manera inmediata y forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar la inseguridad, proteger la economía y garantizar la tranquilidad de las familias peruanas, especialmente en sectores donde la violencia criminal ha puesto en riesgo la continuidad de servicios básicos.